- Más de 100 autobuses importados permanecen retenidos en Lázaro Cárdenas, Michoacán por conflicto financiero de 300 mdp.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- Un conflicto financiero estimado en alrededor de 300 millones de pesos mantiene retenidos más de 100 autobuses importados en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, situación que ha generado pérdidas económicas y daños en parte de las unidades que permanecen almacenadas desde hace varios meses.
De acuerdo con información difundida este miércoles por fuentes cercanas al caso, los vehículos fueron importados por Sunwin de México con el objetivo de integrarlos a distintos proyectos de transporte público en el país. Sin embargo, problemas relacionados con el financiamiento y la liberación de las unidades impidieron concretar su entrega.
Las fuentes consultadas señalaron que cerca de 50 autobuses habrían resultado afectados por inundaciones registradas en las áreas donde permanecían resguardados dentro de instalaciones portuarias. Las mismas versiones indican que las unidades dañadas presuntamente carecen de cobertura de seguro, lo que complicaría la recuperación de las pérdidas derivadas de los daños.
Además de los vehículos afectados, alrededor de 60 autobuses continúan pendientes de pago y liberación, por lo que permanecen inmovilizados en el puerto michoacano.
El caso involucra a Sunwin de México y a Grupo Loialt, empresas que, según información corporativa disponible, mantienen vínculos accionarios con el empresario José Ramón Abraham Matuk.
El nombre del empresario ha aparecido anteriormente en investigaciones periodísticas relacionadas con contratos de blindaje vehicular, esquemas de arrendamiento y operaciones comerciales desarrolladas durante los años en que Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino ocuparon cargos de alto nivel en materia de seguridad pública dentro del gobierno federal. No obstante, hasta el momento no se ha informado sobre alguna resolución judicial relacionada con este caso específico de los autobuses retenidos.
La operación para la importación de las unidades también habría contado con mecanismos de financiamiento en los que participó Cetelem, institución que actualmente opera bajo la marca Autoexpress Inbursa y que mantiene una alianza comercial con MG Financial Services en México, según la información difundida.
Fuentes del sector señalaron que la falta de definición financiera ha impedido concluir el proceso de liberación de las unidades, generando costos adicionales por almacenamiento, deterioro y logística.
Grupo Loialt ya había figurado en procesos de contratación pública recientes. En 2024 participó en una licitación convocada por la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la Ciudad de México para la adquisición de autobuses eléctricos. La empresa presentó una propuesta económica dentro del concurso, aunque finalmente fue descartada durante la etapa de evaluación técnica, por lo que el contrato fue adjudicado a otro participante.
Hasta el momento, ni las empresas involucradas ni las autoridades portuarias han emitido una postura pública detallada sobre el estado actual de las unidades retenidas, el monto de las obligaciones pendientes o las acciones previstas para resolver el conflicto.
