- El SAT subastará el 82.6% de las acciones del Hipódromo de las Américas y un permiso para operar 65 casinos para cubrir adeudos fiscales de Codere.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) venderá en subasta pública el 82.6 por ciento de las acciones de la empresa que controla el complejo del Hipódromo de las Américas y un permiso para 65 casinos, para cubrir deudas fiscales de la empresa española Codere.
La subasta se abrirá al público el 11 de agosto para vender acciones embargadas de Impulsora de Centros de Entretenimiento de las Américas (ICELA), a su vez controladora de Administradora Mexicana de Hipódromo (AMHI), titular del permiso para el hipódromo y los casinos.
En su portal de subastas, el SAT también menciona el Centro Banamex y Granja las Américas como bienes de ICELA.
Codere es dueña del 84.8 por ciento de las acciones de ICELA, mientras que el resto pertenece a Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), que le vendió el control sobre el hipódromo y los casinos en 2012.
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El SAT venderá a los mejores postores el 97.6 por ciento de las 652 millones 477 mil acciones propiedad de Codere, según las convocatorias.
El proceso tendrá una subasta para vender el 50.8 por ciento de las acciones de Codere, que están valuadas en 625 millones de pesos, por lo que la postura mínima para participar será de 417 millones de pesos.
En otras 93 subastas se venderá el 46.7 por ciento de las acciones, con posturas mínimas de entre 6 mil 667 pesos y 10 millones de pesos, con la idea aparente de distribuirlas entre el mayor número de interesados.
El valor total de las acciones que serán subastadas es de mil 168 millones de pesos, mientras que la suma de las posturas mínimas para participar asciende a 800 millones de pesos. Las subastas se darán por cerradas el 18 de agosto.
REFORMA publicó en octubre que, solo en 2025, la Suprema Corte de Justicia confirmó en definitiva dos créditos fiscales por impuestos federales contra Codere por mil 779 millones de pesos.
Además, la empresa litigaba contra otro crédito fiscal federal por 578 millones de pesos, mientras que el Gobierno de Nuevo León pretendía cobrarle 249 millones por impuesto local a las apuestas.
