- Tribunal colegiado impide que Grupo de Seguridad Privada Pryse de México siga frenando la ejecución de sanciones impuestas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y por el Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribunal federal echó abajo las suspensiones que habían permitido a una empresa contratista del Gobierno federal detener temporalmente la aplicación de dos inhabilitaciones administrativas, al concluir que esas medidas contravenían criterios obligatorios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La decisión fue tomada por unanimidad por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que revocó dos resoluciones emitidas por el juez Gabriel Regis López, titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México y excandidato a ministro de la Suprema Corte.
Las suspensiones habían sido concedidas dentro de un juicio de amparo promovido por Grupo de Seguridad Privada Pryse de México, empresa que buscaba frenar la ejecución de las sanciones impuestas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y por el Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Al resolver los recursos de revisión, los magistrados determinaron que mantener sin efectos las inhabilitaciones iba en contra de un criterio obligatorio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte, el cual establece que este tipo de medidas cautelares no pueden impedir que se apliquen sanciones administrativas relacionadas con la contratación pública.
El tribunal también consideró que suspender temporalmente una inhabilitación puede afectar el interés público, ya que permite que empresas sancionadas continúen participando en procedimientos de contratación mientras se resuelve el juicio, cuando la Constitución exige que el gasto público se ejerza bajo principios de eficiencia, transparencia y honradez.
La resolución fue aprobada por las magistradas Pilar Maciel Aldana Huerta, presidenta del tribunal, y Ana Yadira Alarcón Márquez, ponente del asunto, así como por el magistrado Rolando González Licona.
El caso se originó a partir del juicio de amparo indirecto 2080/2025, promovido por Grupo Pryse. De acuerdo con la plataforma pública Compras MX, la empresa ha celebrado 325 contratos con dependencias federales entre 2017 y 2026, por un monto superior a 14 mil 467 millones de pesos. Tan sólo en 2025 obtuvo contratos por 5 mil 543 millones de pesos.
Las suspensiones otorgadas inicialmente por el juez Regis López obligaron a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y al Órgano Interno de Control del IMSS a publicar circulares en el Diario Oficial de la Federación para informar que las inhabilitaciones quedaban sin efectos mientras permanecieran vigentes las medidas cautelares.
La última de esas publicaciones apareció el 18 de diciembre de 2025, instruyendo además retirar temporalmente las sanciones del Diario Oficial y de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.
