- Ejercer el periodismo en la Península de Yucatán continúa representando una labor de riesgo operativo e institucional.
MAR Y SOL CHABLÉ
MÉRIDA, YUC.- Ejercer el periodismo en la Península de Yucatán continúa representando una labor de riesgo operativo e institucional. Aunque persiste la percepción histórica de que la región es un oasis de paz frente a otras zonas del norte y centro de México, las agresiones, intimidaciones y restricciones contra reporteros por parte de autoridades locales evidencian casos recurrentes de vulneraciones a la libertad de prensa.
El episodio más reciente que refleja esta situación derivó en la emisión de la Recomendación 09/2026 por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), dirigida al alcalde de Espita, Mario Isaías Sánchez Esquivel, y a elementos de la Policía Municipal.
Los hechos se remontan a mediados de 2025, cuando, de acuerdo con la resolución, el alcalde ordenó la instalación de un retén policial en el acceso a la localidad con el objetivo de impedir el paso del vehículo en el que viajaban un reportero y un camarógrafo que acudían a cubrir una sesión de Cabildo.
La cobertura periodística buscaba dar seguimiento a publicaciones relacionadas con un incremento en el tabulador salarial del edil.
Aunque el comunicador logró superar el bloqueo por otros medios para cumplir con su labor informativa, una vez en el Palacio Municipal, el alcalde utilizó la tribuna pública para encararlo, señalarlo e intimidarlo frente a funcionarios y ciudadanos presentes.
Ante estos hechos, la CODHEY determinó que el alcalde y los elementos de la Policía Municipal de Espita deberán recibir capacitación en materia de derechos humanos, legalidad, seguridad jurídica y libertad de expresión.
En cuanto a los procedimientos disciplinarios, el organismo solicitó el inicio de expedientes administrativos y disciplinarios contra los funcionarios involucrados.
En materia de atención a víctimas, también se solicitó inscribir los nombres del reportero y del camarógrafo en el Registro Estatal de Atención a Víctimas.
Antecedentes en Yucatán
El caso de Espita no es aislado. Organizaciones como Artículo 19 han documentado agresiones contra periodistas en Yucatán, que van desde el acoso digital hasta detenciones por parte de policías municipales.
Reporteros locales que cubren nota roja o hechos relacionados con corrupción vial en municipios del interior del estado, como Seyé y Bokobá, han denunciado retenciones, agresiones físicas y el aseguramiento de equipo de trabajo por parte de comandantes y policías.
Un antecedente relevante ocurrió en Seyé en 2014, cuando el periodista Edwin Canché fue detenido y agredido físicamente por policías y autoridades municipales. El caso quedó como un antecedente del uso de la fuerza pública en contra de un periodista durante el ejercicio de su labor informativa.
La resolución de la CODHEY establece medidas formales ante los hechos ocurridos en Espita. Sin embargo, los antecedentes de intimidaciones y agresiones contra periodistas plantean la necesidad de fortalecer las garantías para el ejercicio de la libertad de prensa y evitar que la labor informativa quede sujeta a decisiones o actuaciones de autoridades locales.
