Una clausura de la Profepa, en Quintana Roo, dura lo que tarda un tractor en dar la vuelta y entrar por el otro lado del predio. Eso documentó esta semana la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) en Playacar, Playa del Carmen: seis desarrollos inmobiliarios talando selva al mismo tiempo, en un fraccionamiento que ya colecciona sellos oficiales rotos a la mitad.
Se llaman Legacy by Awa, Macondo, Bakaba, Casa de Piedra, UMA y VI HA 36. DMAS los denunció desde junio de 2025. Legacy perdió su autorización ambiental en agosto de ese año, después de que su desmonte atropellara y matara a tres venados cola blanca, uno de ellos cría. El entonces titular de la Sema, Óscar Rébora, lo anunció con una frase que hoy suena a comedia involuntaria: “la protección a la biodiversidad no es negociable” —y lo anunció en video, en redes sociales, sin publicar jamás un número de expediente que cualquiera pueda rastrear. Macondo sí tiene folio: la Profepa lo clausuró en julio, expediente PFPA/24.1/35.4/0003-2026/0026-2026, por no tener ni la Manifestación de Impacto Ambiental que la ley exige. Y aun así, según el activista Marco Menéndez, la maquinaria pesada sigue moviendo tierra en varios puntos del complejo, como si el sello fuera decorativo.
La ironía llegó sola, y justo a tiempo. Ayer en la mañanera, cuestionada sobre el Distrito Financiero que se plantea construir en Cancún, la presidenta Claudia Sheinbaum fue clara: “difícilmente puede autorizarse en un lugar donde hay selva, porque esa selva hay que cuidarla”. El proyecto, dijo, debe ir en una zona ya impactada, no en plena selva. Es exactamente el criterio que Playacar necesita y no tiene: que alguien aplique ahí el mismo estándar que se exige para un proyecto con cámaras encima.
Porque cuando el proyecto es chico y no tiene reflectores, la ley se vuelve sugerencia. El artículo 171 de la LGEEPA (Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente) castiga el cambio de uso de suelo forestal sin autorización con multas de 30 mil a 50 mil UMA: entre 3.5 y 5.9 millones de pesos con el valor vigente en 2026. Suena a mucho hasta que se compara con lo que cuesta un solo departamento en Playacar, que se vende por encima de esa cifra. Para una desarrolladora con preventas de varios millones, esa multa no es castigo: es una línea más en el presupuesto, tan previsible como la renta de las retroexcavadoras.
Playacar no es un terreno cualquiera. Es uno de los últimos corredores biológicos urbanos de la Riviera Maya, con al menos una docena de especies protegidas —venados, coatíes, monos araña, tejones— que ya no tienen a dónde correr cuando llega la máquina. Es también una de las zonas más caras de Playa del Carmen: se vende con fotos de selva intacta como amenidad de lujo. La misma selva que seis empresas tumban al mismo tiempo, con sello de clausura o sin él.
Ya vimos este libreto con Zonna y con Xcaret: denuncia ciudadana, clausura anunciada con orgullo en redes, y después silencio sobre si alguien regresó a comprobar que la obra se detuviera. Una clausura que nadie supervisa no es sanción. Es una foto para el expediente y un permiso tácito para seguir.
Lo mínimo exigible: que la Profepa regrese a los seis predios, compruebe si las obras siguen activas, y aplique la multa completa a quien construyó bajo un sello de clausura. La presidenta ya puso el criterio: selva no, zona impactada sí. La pregunta es si ese criterio vale sólo con cámaras en Palacio Nacional, o también para un venado que muere sin transmisión en vivo.
En Playacar no se decide el destino de seis obras. Se decide qué significa aquí la palabra “clausurado”: ¿un alto total, o una pausa para la foto mientras nadie mira?
La ley no se tala. Se hace cómplice cuando nadie regresa a verificarla.
Leona no pidió permiso para informar. Nosotras tampoco.
