Marco Antonio Barrera
Hay derrotas que se difunden como victorias y victorias que obligan a ser prudentes.
El fallo reciente del tribunal arbitral internacional sobre el caso Ciadi ARB/19/1 que interpuso el gigante estadounidense Legacy Vulcan, LLC contra el Estado mexicano, es una de estas situaciones incómodas para ambas partes.
Cada uno puede alegar victoria, aunque ninguno obtuvo lo que esperaba.
La razón de este conflicto fue el cierre y suspensión de la actividad extractiva de roca blanda por Calizas Industriales del Carmen (Calica) en Playa del Carmen, Quintana Roo.
![](https://lucesdelsiglo.com/wp-content/uploads/2026/01/LDS-500x500-espacio-publicitario.png")
El cierre se anunció en una conferencia mañanera del anterior inquilino de Palacio Nacional, en el sexenio pasado.
Legacy Vulcan reclamó que la suspensión de su actividad le impidió seguir extrayendo material pétreo para fabricar carreteras y suministrar materiales para la construcción en los Estados Unidos.
Con la suspensión de actividades, la empresa exigió una indemnización económica cercana a 1,900 millones de dólares, argumentando que se habían afectado ilegalmente sus inversiones.
El gobierno de México acusó que la extracción abusiva provocó daños irreversibles al medio ambiente de Quintana Roo.
El daño más importante fue una ruptura del manto freático y una mezcla de los cauces de agua salada y dulce, que pone en riesgo el suministro para consumo humano
El caso detonó una lucha legal eterna en los tribunales federales de México, que casi en cada etapa ha dado la razón al gobierno de México.
La compañía escaló el caso a un tribunal internacional por una supuesta afectación a la inversión extranjera, cuya sentencia se resolvió el 27 de julio pasado, y los detalles pudieron conocerse después de un mes de emitirse el fallo.
¿Qué se resolvió?
Lo primero que conviene subrayar es que México no perdió el pleito en los términos planteados por la compañía.
Lo que sí ocurrió fue una diferencia abismal del reclamo compensatorio. La empresa reclamó un pago de casi 1,900 millones de dólares y la condena al gobierno de México consiste en saldar 15.9 millones de dólares.
Fue un revés notable para las pretensiones de la multinacional, lo que evitó un boquete brutal a las finanzas públicas.
Aunque el fallo legal parece una victoria absoluta para el Estado mexicano, nada más alejado de la realidad.
El tribunal arbitral determinó que México sí incurrió en una violación con la clausura de uno de los tres predios de Calica, en enero de 2018.
Aunque desestimó el resto de reclamos, no se condenó tampoco por todo lo reclamado.
Sin embargo, en el fallo sí se encontró responsabilidad del Estado mexicano por una actuación concreta, a pesar de que su obligación es actuar en el marco de la ley, cuando se toman decisiones que afectan inversiones privadas.
Fue algo más o menos así. Puede ser legítima la defensa del impacto ambiental de los recursos naturales, pero esa defensa no permite ni aprueba en automático todos los métodos utilizados para defenderla.
Esto fue algo de lo más importante del fallo, que invita a la reflexión: El Estado mexicano tiene amplias facultades, pero no tiene manga ancha.
Otro aspecto significativo fue que el tribunal consideró fuera de su jurisdicción una reclamación adicional presentada por Legacy Vulcan.
Con ello, se mostró que no todas las controversias posteriores relacionadas con Calica podrán ser incorporadas automáticamente al arbitraje internacional.
Desde un punto de vista político, el gobierno tiene motivos para sentirse satisfecho, al desestimarse la pretendida condena de 1,900 millones de dólares, que habría dejado muy mal parada la actuación del país ante la inversión extranjera.
Pero la realidad es que ninguna de las partes logró lo que buscaba, nadie puede darse por vencedor o por vencido.
El Estado mexicano fue declarado responsable de una violación, lo cual se cometió, independientemente del monto de la indemnización.
Legacy Vulcan tampoco puede presumir el resultado como el triunfo que esperaba. Su reclamación económicamente gigantesca, no prosperó tal como la planteó.
A la empresa se le reconoció que hubo responsabilidad del Estado, aunque se le negó la indemnización millonaria que pretendía.
El balance general es que México ganó la batalla económica, pero recibió una llamada de atención jurídica: la voluntad política puede cambiar de un sexenio a otro, pero las obligaciones internacionales del Estado permanecen.
La lección para los futuros gobiernos es que se deben integrar expedientes jurídicamente impecables, por razones ambientales, económicas, territoriales o políticas.
El desafío no consiste en escoger ciegamente entre inversión y medio ambiente.
El caso Legacy Vulcan debería servir para demostrar que el desarrollo puede estar sujeto a reglas claras y que esas reglas se aplican de manera consistente.
Este caso no es para celebrar que México derrotó a una empresa extranjera, ni tampoco que el país fue víctima de una compañía que pretendía quedarse con miles de millones de dólares.
La realidad es mucho más compleja. El laudo muestra que México evitó una indemnización que habría sido muy costosa, y que una decisión estatal fue contraria a sus obligaciones internacionales.
Hay que reconocer que México ganó mucho más de lo que podía perder, pero perdió lo suficiente como para tener que aprender la lección.
En materia de arbitraje internacional, esa diferencia puede valer en el futuro miles de millones de dólares.
