Hay 85 iniciativas para regular la IA

• México acumula 85 iniciativas sobre regulación de IA desde 2023, pero 67 siguen pendientes y aún no existe una ley general en la materia.

STAFF / AR

GUADALAJARA, JALISCO.- La discusión global sobre cómo vigilar los riesgos de la Inteligencia Artificial volvió al centro luego de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el 29 de septiembre con directivos de grandes tecnológicas y promovió un acuerdo voluntario de autorregulación. En México, el debate tiene otro punto de partida: se han presentado 85 iniciativas en el Congreso desde abril de 2023, 67 continúan pendientes y todavía no existe una ley general en la materia.

El acuerdo impulsado en la Casa Blanca contempla controles internos, evaluaciones externas y comités de supervisión dentro de las empresas, aunque sin obligaciones legales nuevas.

Para Juan Roberto Hernández, consultor en Inteligencia Artificial, gestión de proyectos y transformación digital, México requiere una ruta que atienda riesgos inmediatos, decisiones automatizadas de alto impacto y una coordinación institucional que hoy permanece dispersa.

“No es que estemos desprotegidos; hay leyes con injerencia, sobre todo en protección de datos, que es de lo que se alimenta toda la Inteligencia Artificial”, explicó.

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Señaló que se requiere reformar el artículo 73 constitucional para emitir una ley general que coordine a Federación, estados y municipios en la materia, mientras la regulación sectorial puede avanzar en paralelo.

Propuso distinguir tres urgencias: daños inmediatos, como deepfakes sexuales, fraude y suplantación; decisiones de alto impacto en empleo, crédito, salud, programas sociales o seguridad, y transformaciones estructurales, como derechos de autor y mercado laboral.

“Urgen todas, pero el proceso legislativo es mucho más tardado que la realidad. Se necesita una legislación ágil: lo suficientemente específica para atender los problemas, pero flexible para adaptarse a una realidad tan cambiante”, apuntó.

RIESGOS Y DERECHOS

Hernández planteó partir de las prácticas que prohíbe la Unión Europea, entre ellas la manipulación dañina, la puntuación social, el reconocimiento de emociones en trabajo y escuelas, así como la predicción de delitos basada solo en perfilamiento.

También incluyó el contenido sexual sintético no consentido, siempre bajo una evaluación que considere la Constitución, los derechos humanos y la capacidad de supervisión del País.

Además, consideró que una persona debe saber cuando una AI intervino materialmente en decisiones de alto impacto -como contratación laboral, crédito, salud o programas sociales-, entender los criterios principales, corregir datos, impugnar una decisión y conocer quién responde ante una afectación.

“No necesariamente es entregar el código fuente, sino que las plataformas comuniquen la finalidad, los datos relevantes y los factores principales en un lenguaje comprensible”, detalló.

Jalisco, posible laboratorio

Para el especialista, la prioridad debe ser crear un órgano rector que conecte política pública, estrategia nacional y regulaciones sectoriales, en lugar de responder a cada problema de manera aislada.

“Si no se tiene este ente o consejo, se trabaja en silos y de manera reactiva: ‘salió esto, pues lo aislamos en esto’. La Inteligencia Artificial ya está impactando a todas las áreas”, comentó.

En Jalisco, el Congreso aprobó en junio penas de 1 a 8 años de prisión por crear o difundir contenido sexual falso hecho con IA sin consentimiento. Además, el 18 de septiembre abrió un foro rumbo a una ley integral.

Hernández señaló que el Estado puede funcionar como laboratorio de políticas públicas si fortalece sus estructuras de innovación y coordinación.

“Si se designan estas estructuras, Jalisco puede servir como laboratorio incluso para ver qué se podría hacer a nivel federal. Es más fácil hacerlo a nivel más chico y después irlo replicando”, concluyó.

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