- La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la reforma legal de mayo de 2023 que faculta a las Fuerzas Armadas a operar, simultáneamente, una aerolínea y una red aeroportuaria.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la reforma legal de mayo de 2023 que faculta a las Fuerzas Armadas a operar, simultáneamente, una aerolínea y una red aeroportuaria.
Por unanimidad, el Pleno ratificó los cambios a la Ley de Aeropuertos y a la Ley de Aviación Civil, promovidos por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador para respaldar la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la industria aeronáutica.
Con este fallo, el Máximo Tribunal validó la excepción concedida a las empresas paraestatales sobre el límite que prohíbe a una línea aérea poseer más del cinco por ciento de las acciones de una concesionaria de terminales aéreas.
Dicha figura legal permite a la Sedena administrar la aerolínea Mexicana de Aviación a la par de 13 aeropuertos, entre ellos el Felipe Ángeles, que funciona como su base operativa principal.
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Al resolver la impugnación de las minorías de Oposición en el Congreso, los integrantes del Pleno determinaron que las reformas respetan los principios rectores de libre competencia e igualdad.
El Máximo Tribunal argumentó que la Constitución faculta al Estado para conducir la economía y que no existe discriminación, pues las asignaciones se reservan a entidades públicas mientras que las concesiones corresponden al sector privado.
Asimismo, la resolución precisó que la normativa no genera subsidios ni privilegios automáticos, por lo cual cualquier distorsión en el mercado podrá ser investigada por las autoridades competentes.
La oposición alegó que la exención al candado regulatorio abre la puerta a monopolios, subsidios cruzados y trato preferencial en favor de la empresa militar.
Sin embargo, la sentencia desestimó que los riesgos de mercado fundamenten la invalidez del decreto emitido por el Congreso de la Unión.
Por su parte, el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, argumentó que las unidades paraestatales persiguen fines de servicio público y no persiguen lucro.
En consecuencia, concluyó que las compañías privadas no pueden invocar una violación al principio de trato igualitario, dado que operan bajo un marco legal y naturaleza jurídica no comparables.
En su demanda, los legisladores Opositores señalaron también que otorgar estas facultades a la Sedena vulnera el artículo 129 constitucional, el cual acota las tareas militares en tiempos de paz.
La SCJN desestimó el señalamiento al precisar que la norma faculta a las entidades paraestatales en general y no a las Fuerzas Armadas de forma directa.
Además, el precepto citado fue modificado en septiembre de 2024 para permitir que las corporaciones asuman las funciones que el Congreso les encomiende mediante leyes secundarias.
Esta reforma fue aprobada durante el llamado “viernes negro” del Senado en abril de 2023, cuando Morena y sus aliados votaron en super fast track cambios a más de veinte leyes, luego de recibir instrucciones de López Obrador unas horas antes.
Aunque la oposición acusó vicios en el procedimiento legislativo, la Corte resolvió que las eventuales irregularidades de aquella jornada no vician la validez de los decretos, postura contraria a la sostenida por los ministros y ministras que concluyeron su periodo en 2025.
Finalmente, el Pleno aplazó el análisis de un proyecto del Ministro Irving Espinosa, que también avala la reforma que permite a los militares ser asignatarios de trenes de pasajeros.
