- La Cámara de Diputados aprobó ampliar cuatro años la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares aprobado en 2023 y que homologa un nuevo sistema de justicia civil y familiar en todo el territorio nacional.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Diputados aprobó ampliar cuatro años la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares aprobado en 2023 y que homologa un nuevo sistema de justicia civil y familiar en todo el territorio nacional.
Originalmente, la reforma establecía como plazo el 1 de abril de 2027; Morena, sus aliados y el PAN avalaron posponer la entrada en vigor para el 1 de abril de 2030, pero en una reserva presentada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, el plazo volvió a retrasarse para el 1 de julio de 2031.
La reforma se aprobó con 367 votos a favor de Morena, sus aliados y el PAN, 60 votos en contra de las bancadas del PRI y MC y dos abstenciones de las morenistas Olga Sánchez Cordero y Magda Erika Salgado.
El emecista Gustavo de Hoyos advirtió que uno de los motivos para posponer otros tres años la entrada en vigor del nuevo Código es la falta de personal capacitado para su implementación.
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La reforma judicial propició que jueces que se estaban capacitando para poderlo aplicar fueran sustituidos por personajes sin experiencia.
“Primero se ocuparon de destruir el Poder Judicial con jueces profesionales y de carrera en el ámbito federal y en los ámbitos locales. Jueces y secretarios que se estaban preparando, que se estaban capacitando para poder aplicar este Código y que fueron sustituidos por personajes sin ninguna experiencia.
“Y en el nodo principal de la imposibilidad de ponerlo en función es, justamente, la falta de preparación de quienes hoy son las personas juzgadoras”, afirmó.
El legislador advirtió que retrasar tres años la implementación del Código es solamente “patear el bote” porque, como pasó entre 2023 y 2026, para 2027 no se consideran los recursos necesarios para complementar de manera adecuada ese proceso.
“No hubo en estos años, ni se está previendo para el 27 el dinero necesario para la infraestructura, para los sistemas, para la capacitación; se calcula que se requieren 10 mil millones de pesos como mínimo por año para que realmente el sistema de justicia conforme a este Código pueda funcionar, y así, sin más, sin prever recursos, se nos planeta hoy patear otra vez el bote”, afirmó.
El 17 de septiembre pasado, el senador Javier Corral reconoció que la elección judicial de 2025 provocó la pérdida de casi 60 por ciento de los juzgadores locales que estaban ya estaban capacitados para la implementación del nuevo sistema de justicia civil y familiar.
EFECTOS PERJUDICIALES
Emilio Suárez, del PRI, acusó que la necesidad de aplazar la implementación del nuevo Código es resultado de los efectos perjudiciales de la reforma judicial en el sistema de justicia.
El legislador coincidió en que el aplazamiento es “patear el bote” porque la modificación aprobada este martes también impone candados a las disposiciones presupuestales.
Alertó que también hay cambios al artículo sexto transitorio para establecer que los recursos para garantizar la transición hacia el nuevo modelo de justicia civil y familiar no deben afectar los recursos de los programas sociales.
“¿Qué sentido tendría esa salvedad? ¿Acaso se trata de retrasar la verdadera justicia cotidiana para la gente a cambio de la permanencia de los programas sociales?
“La respuesta es no, el Estado mexicano debería garantizar ambos (…) Sin dinero suficiente, pasarán tres años y las personas continuarán a la espera de la justicia cotidiana”, sostuvo.
La panista Margarita Zavala dijo que, si bien su bancada apoya la modificación, lo hacen pensando en que las condiciones del país pueden cambiar radicalmente.
Lamentó que no ha habido ni se considera presupuesto para su implementación, además de que hay temas que debieron de analizarse como una excepción a este aplazamiento, como el caso de las personas con discapacidad.
“¿Cómo es posible que mandemos a 2031, porque acaban de votar que ya no les gustó el 2030, si no el 2031, un derecho que ganaron las personas con discapacidad?
“El reconocimiento a que no deben ser consideradas como interdictas, esa no necesita presupuesto. Incluso ya la Corte había dicho que precisamente se trataba de que las personas con discapacidad estén en condiciones de igualdad”, dijo.
ORDENADA Y EFICIENTE
El morenista Julio César Moreno afirmó que el aplazamiento busca que la implementación del nuevo Código se lleve a cabo de manera ordenada y eficiente.
Afirmó que el tiempo adicional permitirá a los jueces continuar capacitándose y desarrollar la infraestructura necesaria para ofrecer una atención más ágil y eficiente.
“Esta ampliación permite que jueces y personal judicial continúen capacitándose, conozcan a fondo los nuevos procedimientos y unifiquen criterios para ofrecer una atención más ágil y eficiente.
“También permite adecuar los espacios destinados a juicios orales, contar con salas de audiencias apropiadas y fortalecer las herramientas necesarias para garantizar que todas las partes puedan ser escuchadas en condiciones de igualdad”, explicó.
*Con información de Agencia Reforma
