- Arturo Espinosa advirtió sobre una presunta red de extorsión y corrupción en el INE y los OPLES, mediante la imposición de proveedores con fines comerciales.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- El especialista en materia electoral Arturo Espinosa advirtió sobre la operación de una presunta red de extorsión y corrupción al interior del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), mediante la imposición de proveedores con fines comerciales.
De acuerdo con el especialista, en este esquema estaría involucrada la titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los OPLES, María Fernanda Romo Gaxiola -cercana a Guadalupe Taddei desde su paso por el instituto electoral de Sonora-, junto con funcionarios y ex funcionarios que fungen como enlaces con contratistas privados.
Grupo REFORMA documentó ayer que la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI) del INE instruyó a los institutos locales que sus proveedores de tecnología y ciberseguridad deberán ser avalados o recomendados directamente por dicha área central.
Espinosa sostuvo que esta medida carece de sustento jurídico debido a la autonomía constitucional de los organismos locales.
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Precisó que, si bien la homologación de criterios y estándares de calidad comenzó durante la presidencia de Lorenzo Córdova, bajo la gestión de Taddei el esquema derivó en una imposición para beneficiar intereses particulares mediante costos fijados y padrones cerrados.
“Lo que han creado es una red de extorsión hacia las autoridades electorales locales a partir de la contratación forzada de ciertos proveedores, con vínculos facilitados por funcionarios y ex funcionarios. Esto constituye una red de corrupción entre el INE y los OPLES”, acusó el director de Laboratorio Electoral.
Espinosa puntualizó que el cuestionamiento no radica en la calidad técnica de los insumos o servicios, sino en el direccionamiento de contratos hacia un grupo cerrado.
Entre los beneficiarios señaló a José Alfredo Hernández Casillas, propietario de Cajas Graf y vinculado al entorno de Taddei desde hace al menos una década.
“El problema no es la calidad de los materiales, donde difícilmente hay fallas evidentes, sino el mecanismo: la compra de voluntades, las licitaciones a modo y las adjudicaciones directas”, subrayó.
Este control cobra relevancia de cara a los próximos comicios intermedios, en los que se renovarán cerca de 20 mil cargos populares, principalmente a nivel municipal.
En este contexto, Romo Gaxiola -designada en mayo de 2026 tras haber aspirado a una consejería general del INE- tiene a su cargo la articulación directa entre el órgano central y las autoridades locales.
Por su parte, el titular de la UTSI, José Alberto Pérez de Acha, ha sido señalado como uno de los mandos directivos que frecuentaba reuniones sociales organizadas por el propio Hernández Casillas.
La alerta sobre la posible invasión de facultades escaló a nivel interno el pasado viernes durante una sesión privada de las comisiones unidas de Organización y Capacitación Electoral, donde una asesora del consejero Uuc-Kib Espadas advirtió que la UTSI pretende vulnerar la soberanía operativa de los OPLES.
