- El Órgano Interno de Control del INE investiga a 15 funcionarios y exfuncionarios, ocho personas físicas y 18 empresas por presuntos actos de corrupción en los que ha sido señalada Guadalupe Taddei.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- El Órgano Interno de Control (OIC) en el Instituto Nacional Electoral (INE) investiga a 15 funcionarios y ex funcionarios, ocho personas físicas y 18 empresas involucradas en presuntos actos de corrupción en los que ha sido implicada Guadalupe Taddei.
Entre las irregularidades administrativas en las que habrían incurrido los involucrados, de acuerdo con el titular del OIC, Víctor Hugo Carvente Contreras, están desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, conflicto de interés, abuso de funciones y omisiones en los deberes de supervisión.
“Durante los ejercicios 2025 y 2026, este Órgano Interno de Control (OIC) ha iniciado 16 expedientes de investigación relacionados con los hechos recientemente publicados; de los cuales, 11 son relativos a contrataciones públicas, donde se investiga a, por lo menos, 15 personas servidoras y ex servidoras públicas, 8 personas físicas y 18 personas morales”, indicó Carvente Contreras en un oficio entregado ayer en la Cámara de Diputados.
Además, agregó, como resultado de seis auditorías y ocho revisiones de control, se han iniciado 25 investigaciones adicionales en materia de contrataciones.
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En el documento, dirigido a Javier Herrera, presidente de la Comisión de Vigilancia, y a Ricardo Mejía, presidente de la Comisión Anticorrupción, el titular del OIC detalló las faltas administrativas que hasta el momento han detectado.
Se trata de falta de veracidad en la información declarada, que podría actualizar supuestos de ocultamiento de conflictos de interés o enriquecimiento ilícito; uso o la aplicación irregular de recursos públicos, que podría derivar en desvío de recursos; irregularidades en los procedimientos de contratación, que pueden implicar simulación del cumplimiento de requisitos y abuso de funciones.
También se identificaron deficiencias en la planeación, administración, supervisión, recepción o pago de bienes y servicios; incumplimiento de funciones o deberes de supervisión, que podrían causar daños y perjuicios a la hacienda pública; actuaciones bajo conflicto de interés, abuso de funciones o participación indebida en procedimientos de contratación, así como faltas de particulares vinculados con procedimientos de contratación pública.
El pasado 22 de octubre, Grupo REFORMA informó que Taddei, quien ayer renunció a la presidencia del INE, mantenía una relación con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, socio de Cajas Graf y TOL Producciones, compañías proveedoras del INE.
Además, documentó que Jonathan Navarrete Torres, apoderado legal de Corporativo Zeg, empresa de la que Hernández Casillas también es socio, estuvo contratado en el INE como supuesto chofer de Taddei.
Además, expuso, se ha dado vista a las contralorías internas de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) respecto de aquellos hechos cuya investigación corresponde a su ámbito de atribuciones.
