- Quintana Roo y la costa norte de Yucatán viven un crecimiento desacelerado y desmesurado alertaron expertos en el marco del Día Mundial del Agua.
OMAR ROMERO
CANCÚN, Q. ROO.- En Quintana Roo y en la costa norte de Yucatán se vive un crecimiento desacelerado y desmesurado, cada vez con más cuartos de hotel construidos en perjuicio de la duna costera, arrasan con manglares y levantan edificaciones sobre humedales, alertaron expertos en el marco del Día Mundial del Agua.
Representantes de comunidades, académicos, ambientalistas y ciudadanos integrantes de la Asamblea Socioambiental Peninsular (ASP), Consejo Ciudadano Agua Yucatán (CCAY) y Movimiento Agua para todos, Agua para la vida, se reunieron de forma virtual para abordar los problemas de agua en la Península de Yucatán, además de exigir la aprobación de una nueva Ley General de Aguas.
Guadalupe Velázquez, Elena Di Monti y Aurora Beltrán, de la organización Puerto Morelos Sustentable sostuvieron que las autorizaciones al uso de aguas de manera masiva están relacionadas con la industria turística y la vinculación de ésta con los desarrollos urbanos que ocurren cerca de la costa.
“La base que compartimos con Yucatán como problema es la corrupción en el cambio del uso de suelo para construcciones de turismo masivo, e industrias”, abundó Elena.
Dijo que de acuerdo con datos de concesiones registradas para la entidad —que les brindó Agua para Todos— el 76.8 por ciento de extracción de agua subterránea corresponde a los municipios de Benito Juárez con el 31.5 por ciento, Othón P. Blanco 22 por ciento y Solidaridad con el 23.3. Los usos predominantes del líquido extraído son para servicios y uso público.
EXIGEN LEY GENERAL DE AGUAS
Sergio Oceransky, activista ambiental, sostuvo que existen intereses económicos para que siga vigente la ley actual, que convierte el agua en mercancía, al obligar al estado a entregar concesiones a empresas privadas, y no hay mecanismos de nulidad frente a la contaminación.
“Las tres propuestas que se presentaron para una ley, las tres están basadas en un enfoque de derechos, no en un enfoque de mercado, tienen sus diferencias que fueron armonizadas a través de un proceso de dictaminación en la Cámara de Diputados. Ese proceso ya se terminó, ya hay una propuesta lista, pero empresarios y abogados quieren evitarla y que sea llevada al pleno”.
El nuevo ordenamiento debe contemplar el respeto a la naturaleza y decretos para su conservación, respetar el agua de pueblos y comunidades, coadministrar las aguas en los territorios, así como el derecho a vetar proyectos dañinos.
Además de prohibir agua para minería tóxica y fracking, acabar con el acaparamiento de concesiones, cerrar la puerta a la privatización, democratizar los servicios de agua, priorizar agua para soberanía alimentaria y garantizar acceso pleno a la información.
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