POR KUKULKÁN
AFORTUNADAMENTE ya se están viendo acciones concretas en torno a la reforma de la Ley General de Bienes Nacionales para abrir las playas públicas de Cancún ilegalmente usufructuadas por particulares o cadenas hoteleras, desde luego siempre con el apoyo de autoridades locales que en ello llevan su sagrada rebanada del pastel de la corrupción.
OJALÁ que no sea pura “llamarada de petate” y verdaderamente vayan a liberar todos aquellos espacios públicos que han sido acaparados por particulares para impedir el acceso al público, argumentando que son privadas o exclusivas; de paso desenmascarar a los funcionarios municipales, estatales o federales que se beneficiaron y se benefician con estas irregularidades.
EL DESALOJO del club de playa instalado por la discoteca Mandala se realizó con gran sigilo y precisión mediante un operativo en el que participaron corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal, Guardia Nacional, ejército y marina, lo que fue aplaudido por el sector empresarial de la zona norte de Quintana Roo, con epicentro en Cancún.
INTEGRADA por el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana y otras organizaciones como México SOS, la Mesa de Seguridad y Justicia de Cancún, además de operadores náuticos, la iniciativa privada local hizo un enfático reconocimiento al gobernador Carlos Joaquín por aplicar el Estado de Derecho en este asunto.
POR CIERTO, que la Fiscalía General del Estado, que encabeza Óscar Montes de Oca, adelantó que en los próximos días se ejecutarán al menos una decena más de desalojos de playas públicas invadidas; entonces, preparémonos para observar si los infractores se retiran por su propio pie o esperan el poder avasallador del Estado, al que la reforma de ley le confirió la facultad de imponer hasta sanciones económicas en caso de desacato.
SÓLO cadenas hoteleras poderosas combatieron, por la vía legal del amparo, la aplicación de la reforma en vigor desde octubre de 2020, pero no tuvieron éxito, como fue el caso de Grupo Secrets, que persiste en ofrecer playas privadas en su portal de internet, bajo el alegato de que con ese estatus le fueron vendidas
EN EL JUICIO de amparo que promovió, la cadena hotelera reclama específicamente la legalidad del segundo párrafo adicionado al artículo 8 de la Ley General de Bienes Nacionales, el cual establece: “el acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado…”.
CON CLARIDAD el mismo ordenamiento dicta que todos los habitantes de la República pueden usar los bienes de uso común, sin más restricciones que las establecidas por las leyes y reglamentos administrativos; directamente alude las playas reconocidas como recursos naturales que por virtud de la marea cubre y descubre el agua y la zona federal marítimo terrestre.
AUNQUE perdió la primera batalla ante la justicia federal que le negó la suspensión definitiva contra la aplicación de la nueva ley, Secrets espera también que al resolver el fondo del asunto, si resulta a su favor, tampoco se le apliquen las multas económicas que prevé el artículo 154 contra quienes impidan, inhiban, restrinjan, obstaculicen o condicionen el uso de los areneros y que van desde 268 mil 860 pesos hasta un millón 75 mil 440 pesos (tres mil a 12 mil unidades de Medida y Actualización).
