POR KUKULKÁN
COMO AQUELLAS serpientes que terminan comiéndose a sí mismo, el árbitro electoral de Quintana Roo primero validó la consulta pública sobre si la empresa Aguakan debe seguir privatizando el servicio de agua potable en cuatro municipios del estado, y ya cerca la fecha de su preparación se echó para atrás y declaró imposible su realización porque no se aprobó el presupuesto de 21 millones de pesos estimados costaría el evento a realizarse paralelamente con los comicios de junio entrante.
LA POSTURA del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) fue impugnada ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) y este le ordenó al primero realizar la consulta popular de Aguakan con sus propios recursos y le sugirió que de los más de 363 mdp que tiene autorizados, bien puede reorientar 21 millones de algunas de sus áreas para la consulta popular.
LA DUREZA del supremo Tribunal contra el órgano encargado de organizar y vigilar las elecciones refleja la postura asumida por los tres magistrados que lo integran en el sentido de que fue el IEQROO el que incurrió en omisiones en la gestión de los recursos hacendarios para la consulta popular y confió en que Ejecutivo y Legislativo gestionarían esos recursos, en vez de solicitarlos oficialmente.
LA CONSULTA adquirió legitimidad gracias a la participación de ciudadanos de los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Puerto Morelos que acudieron a las mesas receptoras de firmas instaladas para reunir los requisitos y oficializar ante el IEQROO la solicitud de consulta sobre el mal y caro servicio de distribución de agua potable, así como de alcantarillado brindados por Aguakan desde hace más de 20 años que incursionó en Quintana Roo.
LAS RECURRENTES quejas por cobros injustificados y abusos de la empresa abundan ante la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor al igual que por la vía del amparo ante jueces y magistrados federales donde los ciudadanos afectados denuncian haber sido víctimas de estafas a partir del sistema instalado por Aguakan que cada que se pone a funcionar primero succiona aire y al rato el agua, lo que se carga al medidor y los recibos mensuales.
AGUAKAN no perdona una sola deuda en el pago del servicio al grado que ha llegado a violar el derecho vital de acceder al agua que consagra la Constitución cortando el servicio a los morosos, lo que afortunadamente la justicia federal le ha echado abajo en los casos de aquellos con posibilidades de pelear jurídicamente; la consulta que habrá de celebrarse el mismo domingo seis de junio en que se elegirán diputados federales y presidentes municipales, será el día del juicio de la empresa que en 2016 se vio envuelta en el escándalo de haber pagado, por adelantado, poco más de mil millones de pesos por la ampliación de tiempo y espacio de la concesión, al menos otros 20 años y llegar hasta Chetumal.
ESE DINERO desapareció de la cuenta de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) del Gobierno del Estado de Quintana Roo el mismo día en que fue depositado por Aguakan y los recursos se transfirieron a la cuenta de la Secretaría de Finanzas y Planeación que entonces encabezaba el borgista Juan Pablo Guillermo, prófugo de la justicia estatal; a partir de ahí la ruta de los recursos se desconoce. Suficientes razones hay para considerar si Aguakan se queda o se va.
