- Tirso Esquivel es mencionado por presuntamente lanzar amenazas contra quien se perfilaba como el candidato del Partido Verde a la presidencia municipal de Puerto Morelos.
MARCO ANTONIO BARRERA
PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Los candidatos perdedores a la presidencia municipal de Puerto Morelos, Manuel Tirso Esquivel Ávila y Yazmín del Carmen Vivas Medina, se enfrascan en amparos para intentar obtener la protección de la justicia federal por conductas penales que se les atribuyen.
Al abanderado del Partido Fuerza por México se le menciona por una presunta vinculación con la ejecución del verdecologista Ignacio Sánchez Cordero, quien se perfilaba como el sucesor de Laura Fernández Piña en el ayuntamiento de Puerto Morelos.
El ex diputado local (2016-2018) pelea jurídicamente contra una eventual orden de aprehensión en su contra, pero el viernes pasado le fue negada la suspensión definitiva contra actos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo.
Semanas antes de perder en las urnas durante la jornada electoral del domingo pasado, le fue concedida una suspensión provisional condicionada al pago de una garantía de 15 mil 500 pesos, que en plena campaña impidió su probable detención o presentación mediante el uso de la fuerza pública.
Tirso Esquivel es mencionado por presuntamente lanzar amenazas contra quien se perfilaba como el candidato del Partido Verde a la presidencia municipal de Puerto Morelos, por cuya vida supuestamente habría puesto precio, según información difundida por el diario Reforma.
El ex candidato de Fuerza por México reclamó (19 de mayo) en el juicio de amparo con expediente 28071860 del Juzgado Quinto de Distrito, una orden de aprehensión, retención, presentación, detención o cualquier otra medida judicial o ministerial en su perjuicio contra su privación o restricción de la libertad ordenada por Juzgado de Despacho del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Cancún.
En una primera resolución, el juez Ciro Carrera Santiago le concedió la medida cautelar (duró únicamente 13 días), que lo protegía para quedar a disposición del Juzgado de Distrito en caso de emitirse una orden de aprehensión por algún delito que amerite prisión preventiva oficiosa.
Esquivel Ávila, de acuerdo al Programa Electoral de Resultados Preliminares (PREP) 2021 de Quintana Roo, fue el tercer candidato más votado entre los seis aspirantes a gobernar al municipio colindante a Cancún, luego de obtener mil 524 sufragios (13.57 por ciento) del total contabilizado.
Otra ex candidata de la misma alcaldía fue Yazmín del Carmen Vivas Medina, quien también recurrió a la justicia federal para solicitar medidas cautelares contra un proceso por un presunto daño patrimonial a cargo del Magistrado Titular de la Tercera Sala Especializada en Materia Penal Tradicional.
La ex abanderada del Partido Encuentro Solidario fue la segunda que más votos obtuvo (2,614), durante la jornada electoral en que se alzó con el triunfo Blanca Merali Tziu Muñoz (5,026 votos), quien es la viuda de Ignacio Chávez.
Ante el Juzgado Segundo de Distrito, registrado con el expediente número 28129680, la quejosa denunció actos de incomunicación que se le pidió aclarar (29 de mayo); es decir, si lo hacía por derecho propio o en nombre de su detenida hermana Karla Odeth, señalada ministerialmente como presunta autora intelectual del homicidio de quien sería el candidato oficial del mismo municipio.
El nombre de Vivas Medina se hizo viral en redes sociales cuando en abril del año pasado huyó de un filtro de la policía, pero con su vehículo pisó el pie de una agente de la policía, a quien provocó una fractura.
El juez federal Gerardo Vázquez Morales dejó ver que las pretendidas medidas cautelares son contra un iniciado proceso por daño patrimonial, de cuyo caso le fue otorgada la suspensión de oficio y de plano. “Únicamente para el efecto de que no se ejecuten actos de confiscación sobre bienes de la quejosa Yazmín del Carmen Vivas Medina y de Karla Odeth Vivas Medina”.
Pero también obtuvo una segunda suspensión de plano para que “cesen los actos que directamente pongan en peligro la integridad física del peticionario de amparo”.
La medida cautelar establece que a la ex candidata “no se le prive de la libertad personal, hasta en tanto se comunique a las autoridades responsables lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva”. Los alcances previo pago de una garantía de 45 mil pesos, fueron contra actos de un procedimiento penal que afecta la libertad personal, como son las órdenes de captura, aprehensión, localización, presentación y/o cualquier acto privativo de libertad.
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