- La administración de Ortega advirtió que verá “como un ataque frontal” a su soberanía cualquier intento “de socavar una investigación”.
STAFF / AGENCIA REFORMA
MANAGUA, NICARAGUA.- El exvicecanciller sandinista Víctor Hugo Tinoco fue detenido por la Policía de Nicaragua acusado de incitar la injerencia extranjera, pedir intervenciones militares y celebrar las sanciones contra integrantes del gobierno de Daniel Ortega, con lo que suman 13 opositores arrestados en menos de dos semanas.
De 68 años de edad, fue capturado en el estacionamiento de un centro comercial de Managua por diez hombres encapuchados y vestidos de civil que se lo llevaron en un vehículo, narró una de sus hijas que fue testigo del hecho.
Minutos más tarde, la Policía emitió un comunicado confirmando la detención de quien fue vicecanciller de Nicaragua, Embajador en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y negociador en el proceso de paz durante el primer gobierno sandinista (1979-1990), cuando Daniel Ortega fue Presidente por primera vez de 1985 a 1990.
Con Víctor Hugo Tinoco suman 13 los dirigentes opositores apresados desde el 2 de junio, entre los cuales hay cuatro aspirantes a la Presidencia para los comicios del 7 de noviembre, incluida la favorita en las encuestas Cristiana Chamorro, hija de la exmandataria Violeta Chamorro.
El fin de semana se produjo la mayor oleada de arrestos, cuando la Policía detuvo a seis dirigentes del Movimiento Disidente Unamos, incluidos los exguerrilleros Dora María Téllez y Hugo Torres y tres mujeres dirigentes.
Dora María Téllez y la opositora Tamara Dávila permanecerán en prisión hasta por 90 días bajo la acusación de “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos” y “pedir intervenciones militares”, informó el Ministerio Público.
En todos los casos, la Policía indicó que se les investiga también por presuntamente realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación.
Igualmente, se les acusa de organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones.
Los opositores serían culpables además, de demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra Nicaragua y de “lesionar los intereses supremos de la nación”.
En ese sentido, Nicaragua defendió los arrestos de los opositores y exigió la “no injerencia de cualquier gobierno extranjero”.
La administración de Ortega advirtió que verá “como un ataque frontal” a su soberanía cualquier intento “de socavar una investigación” contra los líderes de la disidencia.
El Ejecutivo afirmó no ser “una amenaza para ningún país del mundo”, y demandó el cese de las sanciones internacionales que, según dijo, en tiempos de pandemia “eleva su ilegalidad al nivel de crimen de lesa humanidad”.
El Poder Judicial negó un recurso interpuesto a favor del aspirante opositor a la Presidencia, Félix Maradiaga, capturado la semana pasada. La defensa buscaba conocer las condiciones de salud del disidente.
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