- El fiscal Óscar Montes de Oca dijo que se podría habilitar la Unidad de Investigación para casos relacionados con diversidad sexual.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía General del Estado valora la posibilidad de habilitar una agencia del Ministerio Público o una Unidad de Investigación para atender casos relacionados con diversidad sexual con el objetivo de evitar cualquier acto de discriminación o que algún proceso judicial no sea incluyente.
El fiscal Óscar Montes de Oca Rosales explicó que el individuo detenido hace unos días en Tabasco como presunto responsable del asesinato de un hombre homosexual en Cancún, portador de VIH, también es buscado en su natal Guanajuato por otro homicidio, y aclaró que aún es prematuro calificarlo como crimen de odio.
Montes de Oca señaló que en Quintana Roo no está tipificada esa variante, pero tiene otros agravantes para recibir una fuerte sentencia.
El funcionario informó que hubo una reunión con la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, de la Secretaría de Gobernación, y con Derechos Humanos, en la que acudieron varias ONG, para establecer esquemas que garanticen mejor atención a la comunidad LGBTTIQ.
“Se valora, previa capacitación, habilitar una agencia del Ministerio Público o una Unidad de Investigación para dar la atención que se merece a esa comunidad”, añadió.
Respecto al caso del doble crimen perpetrado el viernes en Playa Tortugas, respondió que está siendo investigado junto con otros incidentes como el vehículo baleado cuando estaba estacionado frente al edificio de la unidad contra el narcomenudeo, y el homicidio en el estacionamiento de un centro comercial en la avenida José López Portillo.
Igual expresó que la recuperación de Playa Tortugas estaba prevista, pero por complicaciones técnicas no se había realizado, pues tuvieron que averiguar qué instalaciones tienen o no concesión, y la acción forma parte de los operativos realizados antes en Playa Gaviota y Marlín.
En cuanto al balance semanal, dijo que hubo 96 personas puestas disposición del Ministerio Público, 23 por narcomenudeo, ocho por robo, una por feminicidio y cinco por violación. De todos esos 12 quedaron en prisión preventiva, hubo un cateo y se obtuvieron 10 sentencias condenatorias, incluida una por 37 años por violación, otras cuatro de cinco años de prisión por robo.
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