POR KUKULKÁN
NO FUE LA JUSTIFICACIÓN sino la forma soterrada que encontraron los diputados locales para retrasar tres meses el inicio del proceso electoral del 2022, cuando se renovará el Congreso del Estado y la gubernatura, lo que sembró el sospechosismo sobre la verdadera motivación que existe detrás de una iniciativa —“de urgente y obvia resolución”, como dicen los parlamentarios eufemísticamente— aprobada durante una sesión dominical a la que sorprendentemente asistió la mayoría del pleno para votar a favor.
EL ARGUMENTO NODAL de los legisladores fue la tan sobada “austeridad” republicana para reducir el alto costo que implican los procesos electorales al erario público —hasta ahora se dieron cuenta—, lo que en el discurso suena loable pero que en los hechos no fue acompañada de una amplia explicación sobre en qué se invertirán o hacia dónde se redireccionarán esos recursos que son parte de un presupuesto previamente aprobado por ellos mismos; de eso nada dijeron ni lo han informado hasta ahora a sus representados.
ENVUELTOS EN LA BANDERA del ahorro de los dineros públicos nuestros diputados locales no han propuesto una iniciativa similar como, por ejemplo, para reducir el financiamiento que reciben los partidos políticos o lo que se asignan como presupuesto anual ellos mismos y que ubican al Congreso de Quintana Roo en el top de los más costosos e improductivos del país; tan sólo en 2020 su presupuesto fue superior en 335 millones de pesos en comparación con los del vecino estado de Yucatán con el mismo número de integrantes (25) y prácticamente las mismas funciones legislativas, de acuerdo con la última valoración del Instituto Mexicano de la Competitividad.
HABLANDO EN PLATA, el presupuesto del Congreso estatal hace un año —en medio de la crisis por la pandemia— fue de 485 millones 622 mil 925 pesos que arroja un costo per cápita de 19 millones 424 mil 917 pesos, mientras que para el caso de Yucatán el presupuesto fue de 150 millones 137 mil 680 pesos, es decir 6 millones 5 mil 507 pesos costó cada uno de sus 25 diputados. Por estas cifras es poco creíble que la austeridad sea la verdadera motivación de la iniciativa aprobada el domingo pasado para retrasar el proceso electoral (de octubre de 2021 a enero de 2022).
Y SI SE LE VE POR EL LADO de las asistencias y la productividad, resulta igual de sospechoso pues las evidencias muestran que con trabajo muchos de ellos apenas asisten a las sesiones entre semana como para ahora creerles el garlito de la ALTA RESPONSABILIDAD (así con mayúsculas) de asistir un domingo en que generalmente se la pasan con sus familias o disfrutando las playas del Caribe mexicano; por eso los mal pensados comienzan a creer que la verdadera motivación de la iniciativa es para evitar que el próximo periodo gubernamental dure cinco y no seis años como lo mandata la Constitución federal para emparejar los procesos electorales del estado en la misma fecha, no como ocurre hoy que los presidentes municipales se eligen un año y tanto diputados como gobernador al año siguiente, lo cual sí impactaría en un gran ahorro de las finanzas públicas.
LO QUE HAY DETRÁS de esta iniciativa tan “urgente” y “prioritaria” para los ciudadanos es garantizar al próximo gobernador o gobernadora contar con un periodo de seis años y así patear la lata para el siguiente aspirante a ocupar la silla del Palacio de Gobierno Municipal en 2030. Y la pregunta es, ¿los diputados lo hicieron nada más por cumplir con alta responsabilidad? Seguramente ellos responderán que sí, pero el pueblo sabio y bueno que todos los días se persigna con las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador repetirá uno de sus acostumbrados apotegmas: lo que no suena lógico suena metálico.
