- Las víctimas de la represión policiaca ya habían denunciado que fueron objeto de “revictimización” y de violación a sus derechos humanos por la CEAVEQROO.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- Otra vez en pie de lucha pero ahora contra la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (CEAVEQROO), las feministas que sufrieron la represión policiaca del 9N en Cancún arremetieron jurídicamente contra las medidas de reparación del daño.
De las 13 víctimas reconocidas casi todas recurrieron a la justicia federal para impugnar la entrega de compensaciones económicas realizada por el organismo que encabeza Karla Rivero.
Las pretendidas medidas cautelares fueron contra el proyecto de Dictamen de Procedencia, mediante el cual se les otorgaron recursos económicos de ayuda, asistencia y reparación por concepto de reparación integral.
Las víctimas quedaron inconformes con la cantidad económica autorizada, aun cuando los recursos fueron ordenados por la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, por los hechos violentos cuando protestaban por el feminicidio de la joven Bianca “Alexis”, el 9 noviembre de 2020.
Fueron 11 agraviados los que interpusieron amparos (siete mujeres y cuatro hombres) citados en la recomendación CDHEQROO/20/2020/II, además otra víctima indirecta no reconocida en el documento.
La solicitud de medidas cautelares quedó radicada en el Juzgado Cuarto de Distrito del Vigésimo Séptimo Circuito, cuyo titular les concedió suspensiones provisionales (13 julio) y después definitivas (22 julio).
Los quejosos fueron identificados como Ana P. M. C. (con el expediente número único nacional 28411771), Julián F. R. O. (28411781), Gloria V. C. C. (28411907), Alan R. I. M. (28411918), Sergio A. B. R. (28411931), y Anette M. H. C. (28411938).
También por Naomi Q. R. D. (28411980), Roberto A. B. (28411990), Reyna C. S. M. ((28411998), Wendy A. G. H. (28412037) y María E. G. O. (28412048), además de la víctima indirecta Diana Y. F. F. Todos plantearon el reclamo en los mismos términos legales.
Las víctimas de la represión policiaca ya habían denunciado sufrir “revictimización” y violación a sus derechos humanos por la CEAVEQROO durante el proceso de integración de las resoluciones en que fijaron los montos económicos de compensación. “A todo, cualquier cosa que cuestionamos, nos dijeron que no”, acusó la víctima identificada como “V11”.
Los amparos forman parte de la estrategia legal emprendida por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la cual las representa desde que el anterior representante legal dejó el cargo a medio proceso de vinculación de la Fiscalía General del Estado (FGE). Represión
Las feministas han reclamado sus derechos humanos a través de manifestaciones convocadas por la sociedad civil y en medios digitales, a lo que se sumó la lucha legal como parte del proceso de reivindicación desde que fueron violentadas sus garantías elementales por 80 policías municipales que las dispersaron a balazos en la explanada del Palacio Municipal de Cancún.
Como parte de las investigaciones, la CDHEQROO emitió una recomendación a la presidenta municipal de Cancún; Mara Lezama, por violaciones al derecho a la integridad personal de las víctimas cometidas por servidores públicos adscritos a la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez, Quintana Roo.
La inconformidad de las víctimas surgió porque en casi todos los dictámenes de la Comisión los montos de reparación se fijaron de 100 mil y 130 mil pesos, en tanto que se depositaron en las cuentas bancarias ocho mil 587.62 pesos. A lo que la titular de la CEAVEQROO respondió que se aplicaron conforme a derecho: “No todo es dinero”, enfatizó su titular.
Aun así, los actos reclamados específicos en el juzgado federal quedaron establecidos contra la “Aprobación del proyecto del Dictamen de Procedencia que emite el Honorable Consejo Directivo a efecto de determinar la procedencia del acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral por concepto de compensación”.
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