¿Democracia Participativa o Simulación Democratizada?
Por Dr. Julio Jiménez Martínez
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Democracia participativa, es un ejercicio democrático sin precedentes en México; ya que está previsto en el artículo 35 de la Constitución y reglamentado en la Ley Federal de Consulta Popular. Sin embargo, la consulta ciudadana de este domingo uno de Agosto, resultó ser un absoluto fracaso y la perfecta excusa para que el gobierno de la 4T justifique sus irresponsables decisiones y siga jugando con la vida, la seguridad, la libertad y la paz social de un país que no merece ser víctima de la indiferencia, la ignorancia, la arrogancia y las ocurrencias del gobierno de la cuarta destrucción del país, que sólo ha logrado sembrar violencia, resentimiento social, inseguridad, frustración y sed de venganza de un amplio sector de la población, que no sabe y mucho menos entiende de los compromisos de impunidad, acuerdos inconfesables con personajes de la clase política de gobiernos anteriores y las maquiavélicas estrategias electorales del gobierno de MORENA.
Después de dos años ocho meses, que MORENA llegara al gobierno federal, un amplio sector del pueblo bueno y sabio, está profundamente decepcionado porque han sido los más perjudicados por las ocurrencias, necedades y obsesiones personales de un gobierno de cuarta, que en reiteradas ocasiones ha dado muestra de sus profundas limitaciones, arraigados resentimientos y frustraciones no superadas.
Sin embargo, ante la preocupante ola de violencia, corrupción, inseguridad, impunidad, incongruencia en la aplicación de la ley y el uso faccioso de las instituciones encargadas de fiscalización tributaria, inteligencia financiera, procuración y administración de justicia, han generado una percepción de injusticia, corrupción, impunidad, terrorismo fiscal y persecución política. La aplicación selectiva de la ley y los reiterados desaciertos en materia económica, salud, empleo, educación y seguridad, son consecuencia de múltiples abusos, ocurrencias, venganzas y mentiras en el manejo de los recursos públicos, provocando una histórica crisis económica, política y social.
La consulta popular, ha resultado ser un ejercicio polémico, excesivamente oneroso; ya que la ocurrencia del gobierno mexicano, les costó a los mexicanos, 583 millones de pesos, dinero que podría haber sido usado para garantizar los medicamentos necesarios para los tratamientos oncológicos de miles de pacientes que sufren las consecuencias de diversos padecimientos crónico degenerativos.
Por otra parte, debemos reconocer que este democrático ejercicio de participación ciudadana, es poco confiable; ya que, de acuerdo con nuestro marco constitucional, se requiere la participación del 40 por ciento de la lista nominal de electores (37.5 millones) para que su resultado tenga un carácter vinculatorio para todas las instancias de gobierno y en general del Estado mexicano, en términos del artículo 5 de la Ley Federal de Consulta Popular.
Vale la pena aclarar que la pregunta diseñada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es absolutamente imprecisa, ambigua, impersonal, confusa e innecesaria; sin embargo, la pregunta que fue formulada por la Suprema Corte de Justicia que estará en las boletas es:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
En México, los gobernantes, representantes populares, servidores públicos (autoridades de procuración y administración de justicia) tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir el estado de derecho, respetar la constitución y las leyes que ella emanen; ya que en términos del artículo 21 constitucional, la investigación y persecución de los delitos es facultad de la Fiscalía General de la República, Ministerio Público y policías; ya que de contar con las evidencias (pruebas) tienen la obligación de iniciar las investigaciones, presentar las denuncias correspondientes, integrar las carpetas de investigación y en su momento ejercer la acción penal, solicitando de las autoridades jurisdiccionales las órdenes de aprehensión procedentes por la presunta comisión de diversos delitos del fuero común o federa; por lo tanto, la simulación o evasión de las responsabilidades por parte de los servidores públicos, puede llevarlos a la cometer diversos delitos por omisión, ejercicio indebido de atribuciones o ejercicio ilícito del servicio público, tráfico de influencias, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, ejercicio abusivo de funciones, ejercicio indebido en la administración de justicia, previstos y sancionados en el Código Penal Federal.
En conclusión, la justicia y la aplicación de la ley, nunca podrán estar sujetas a la voluntad democrática; sin embargo, ante los negativos resultados de la inútil consulta popular, Mario Delgado, líder nacional de MORENA, ha afirmado que presentará una iniciativa de reforma para reglamentar las fechas de celebración de las consultas ciudadanas y estás se lleven a cabo el mismo día de la jornada electoral intermedia.
