- En el interior de la SRE con sede en Cancún opera una red que ha estafado a decenas de cubanos legalmente establecidos que buscan la naturalización migratoria.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- Una red delincuencial que opera al interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con sede en Cancún, ha estafado a decenas de cubanos legalmente establecidos que buscan la naturalización migratoria.
La red opera al margen de la ley al brindar supuestos servicios bajo una fachada de “asesoría” pero en realidad es una gestoría ilegal que entrega falsas constancias de antecedentes no penales del ámbito federal indispensables para el pretendido trámite de estancia permanente.
De entrada, a los extranjeros se les exigen cinco mil pesos por cada documento supuestamente expedido por la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, que al ser detectados como apócrifos por las autoridades consulares no sólo cancelan el trámite de los solicitantes, sino que compromete su situación migratoria y legal por presuntamente incurrir en el delito de falsificación de documentos oficiales.
Al menos 300 casos de este tipo se acumulan en los tribunales federales donde las víctimas recurrieron a solicitar amparo para evitar tener complicaciones legales por el delito de falsificación de documentos oficiales con la esperanza de que sean resueltos en su favor para continuar con el trámite de su naturalización.
El rostro de la organización delictiva que contacta a las víctimas, recibe copias de documentos personales y el pago económico, además de realizar la entrega personal del ilegal documento, fue identificado ante la Fiscalía General de la República (FGR) como Víctor Hugo Sulub Chi.
Se trata de un servidor público (cuyo segundo apellido aparece también como Chi) que ostenta el cargo de Supervisor de Programas y Proyectos de la SRE en la delegación federal en Quintana Roo, según se pudo constatar en la Nómina Transparente de la Administración Pública Federal, el cual percibe un sueldo bruto mensual de 11 mil 926 pesos.
Una de las víctimas es un médico especialista en Urología originario de Camagüey, Cuba, que cuenta con la residencia migratoria permanente, identificado con las iniciales P.A.P.A., que interpuso denuncia ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Sexta Orientadora en la Unidad de Atención Inmediata en la Delegación Estatal en Cancún, Quintana Roo, bajo la carpeta de investigación FED/QR/CUN/0000190/2020, el pasado 21 de febrero.
En su denuncia relata la forma en que opera el defraudador. “Nos vemos en el Sam’s que está ahí por la Avenida Labná y Avenida Xcaret, platico con él me dice que no me preocupe que él va hacer el trámite de los antecedentes penales federales y me refiere que el costo es de $5,000 por cada uno, es decir $10,000, los cuales le entregué ese día que lo vi, ya que era el trámite de los antecedentes de mi señora madre y los míos…”.
El trámite de la constancia cuyos datos se confrontan con el Archivo Nacional de Sentenciados es personal y únicamente podrán realizarlo, además del interesado de manera personal, sus familiares consanguíneos, como padres, hermanos, hijos o esposa.
Pero a la víctima le fueron solicitadas copias de los pasaportes, hoja de residencia y actas de nacimiento, además del pago. A los tres días se le notificó que ya estaban listos los supuestos antecedentes, que al recibirlos de la mano del servidor público le notificó que su cita estaba programada para el 26 de marzo de 2019. Puntual entregó la solicitud de carta de naturalización, pero no obtuvo respuesta.
Una situación similar ocurrió a la médico enfermera también de nacionalidad cubana, identificada con las iniciales Y.E.N.C., quien relató en la carpeta de investigación FED/QR/CUN/0000190/2020, que una conocida le proporcionó el contacto y se reunió con el funcionario federal.
“Me comentó que dicho trámite únicamente se hacía en la Ciudad de México, y se ofreció a ayudarme a hacer el trámite, pues me informó que iría a una reunión a la Ciudad de México y que podría pasar a gestionarlas y recogerlas, me pidió que le depositara 5,000.00 (cinco mil pesos) a la tarjeta Banamex Saldazo con número 4766 8407 4057 9292, me pidió que le depositara desde un Oxxo”.
Para recoger el certificado se citó a la víctima en la esquina de la terminal del ADO de Playa del Carmen (a las 4 de la tarde del 3 de marzo de 2019). “Llegó en un automóvil de color blanco, y me entregó la constancia de antecedentes no penales federal a mi nombre, ese día venía acompañado de una mujer que me presentó como su esposa y también estaba una menor de aproximadamente 7 u 8 años quien me dijo que era su hija”.
La afectada procedió a realizar el trámite a las oficinas de la dependencia federal en la Av. Nader de Cancún (a las 9:45 horas del 8 de marzo). Fue el mismo servidor público que le recibió los documentos y le informó que la carta de naturalización le llegaría de 6 a 9 meses, pero tampoco ocurrió. Las posteriores comunicaciones entre ambos se dieron por correo electrónico desde la cuenta vsulub@sre.gob.mx
“Yo nunca desconfíe de la gestión que hizo Víctor Hugo Sulub Chi, incluso tenía toda mi confianza pues como servidor público de la Secretaría de Relaciones Exteriores pensé que era parte de la asesoría que en su calidad de funcionario me proporcionaba, jamás pensé o supuse que el trámite que me había ofrecido sería ilegal”.
A las víctimas se les pidió paciencia, aunque de recibir un correo electrónico no lo deberían abrir y tendrían que avisar al servidor público. “Me pidió no abrir el correo electrónico, sólo mencionó que al parecer había firma falsa en algún documento, por lo que de inmediato supuse que había sido los antecedentes no penales”.
Igualmente, se les instruyó para que contactaran por teléfono a un abogado de nombre Alfonso Velazco, que les indicaría lo que debían hacer para solucionar el problema. Las víctimas ya no lo buscaron y optaron por protegerse legalmente.
El médico especialista interpuso un juicio de amparo, queja ante la Contraloría interna de la SRE bajo el número 220/S.R.E./DE319 e inició el juicio 283-2020/20-20-01-03 ante la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mientras que la mujer también buscó medidas cautelares ante la justicia federal.
La ilegal práctica de ofrecer ese tipo de constancias se fomenta también en las redes sociales desde la cuenta “Perito Traductor Monterrey, Traducciones Oficiales”, como pudo constatarse en un anuncio del pasado 26 de julio.
“¿Eres extranjero y vas a naturalizarte y te falta la Constancia de Antecedentes Penales en Materia Federal? ¡Te la conseguimos! No gastes en avión, en hotel, en taxi, en alimentos para ir a CDMX, te hacemos el trámite y te lo entregamos, Requisitos de ley. Infórmate o visítanos o envíanos un correo…” El contacto se hace mediante Facebook o WhatsApp.
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