- El ex Gobernador de Quintana Roo objetó ante el máximo tribunal de Panamá la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores dictada el 21 de julio pasado para ampliar la extradición.
ABEL BARAJAS / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Roberto Borge presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Panamá un recurso con el que busca que sea cancelada la autorización que concedió el Gobierno de ese país, para que México pueda juzgarlo por el delito de delincuencia organizada.
El ex Gobernador de Quintana Roo objetó ante el máximo tribunal de Panamá la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores dictada el 21 de julio pasado para ampliar la extradición.
Según Borge, en su petición México señaló hechos que no son ciertos.
En particular, precisa que el Gobierno mexicano indicó que el procesado contaba con una “orden de comparecencia” en el Centro de Justicia Penal Federal (CJPF) de Almoloya de Juárez, pero que el administrador de ese informó oficialmente que no existía tal mandamiento.
“El Estado (México) requirente desde un inicio ha tratado de sorprender en su buena fe a las autoridades panameñas, al informarles que existe una orden de comparecencia”, afirma.
El ex Mandatario estatal alega que la autorización que dio Panamá para que lo juzguen por delincuencia organizada, viola el Tratado de Extradición binacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención sobre Extradición.
En particular, señala que estas normas exigen acompañar la solicitud de ampliación del pedido de extradición con una copia certificada de la orden de aprehensión, la cual no existe.
También menciona que la nueva imputación se basa en los mismos hechos de la primera solicitud de extradición.
Adicionalmente, alega violaciones al debido proceso porque considera que la Cancillería panameña no le notificó la solicitud mexicana y, por tanto, no pudo ejercer una defensa.
El 4 de junio de 2017 Borge fue capturado en Panamá y el 4 de enero de 2018 lo extraditaron, pero sólo con la autorización para que fuera procesado y juzgado en México por cuatro causas penales distintas, una federal y tres del fuero común.
La primera sólo es por el delito de lavado de 900 millones de pesos, relacionado con la venta de 22 predios de las reservas de Quintana Roo a amigos y familiares.
En tanto, las acusaciones de la Fiscalía de Quintana Roo son por los delitos de aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado.
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