- El Congreso del Estado de Quintana Roo suspendió indefinidamente la comparecencia de las magistradas numerarias Adriana Cárdenas Aguilar y Mariana Dávila Goerner.
MARCO ANTONIO BARRERA
CHETUMAL, Q. ROO.- El Congreso del Estado de Quintana Roo suspendió indefinidamente la comparecencia de las magistradas numerarias Adriana Cárdenas Aguilar y Mariana Dávila Goerner, que ayer miércoles estaba programada ante la Comisión de Justicia de la XVI Legislatura.
La versión que corrió entre los integrantes de esta comisión legislativa es que debían profundizar en la valoración del desempeño de ambas magistradas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) debido a que habían llegado escritos de inconformidad sobre su actuación, entre ellas una presunta denuncia contra Adriana Cárdenas por el supuesto delito de lavado de dinero ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Este viernes 29 de octubre concluye el plazo del Legislativo para dar a conocer los resultados de la valoración del desempeño, pero los legisladores declararon la suspensión de las comparecencias por “tiempo indefinido”, en el entendido de que se prendieron las alertas en los expedientes de las magistradas, por lo que requieren de una auscultación sobre las conductas que se les atribuyen.
La designación al cargo de ambas funcionarias concluye también mañana viernes, luego de que su nombramiento se dio mediante el Decreto 331 de la XIV Legislatura el 27 de octubre de 2015, que las validó en funciones para el periodo del 30 de octubre de 2015 al 29 de octubre del presente año.
En los pasillos del TSJ corrió también la versión de que la magistrada numeraria Adriana Cárdenas es presuntamente investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los diputados están requiriendo datos oficiales para confirmar la versión.
El aplazamiento de las comparecencias ocurrió después de que fuera ingresada una formal oposición contra la ratificación de Adriana Cárdenas presentada por Ian Fautsch Domínguez, quien denunció el despojo de un terreno costero en la Riviera Maya en agravio del señor Christian Fautsch Charpentier.
El apoderado legal del afectado acusó directamente a Cárdenas Aguilar de usar la justicia para beneficio personal y pidió que se investigue también una red de corrupción y tráfico de influencias en el Poder Judicial del estado que presuntamente encabeza su “pareja”, el abogado José Julio Asencio Reynoso.
A los diputados que analizan la pretendida solicitud de las borgistas, los exhortó a conocer un par de juicios en materia civil para que puedan constatar el conflicto de intereses que rodea a la integrante de la Octava Sala Especializada en Materia Penal Tradicional.
El documento que se puso sobre la mesa de los legisladores detalla la forma en que se configuró un fraudulento proceso civil reivindicatorio, identificado con el número 398/2015, y un juicio de nulidad que se entabló contra notarios de Yucatán y Playa del Carmen, radicado con el número 455/2014.
La trama de corrupción que detalló Ian Fautsch Domínguez se utilizó para despojar a su representado del lote denominado “Punta Celis”, que tiene una superficie de dos mil 489.80 metros cuadrados, el cual está ubicado en Playa del Carmen del municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
El despojo, sostuvo el quejoso, se habría orquestado con la falsificación de una firma para el otorgamiento de un poder general notarial de pleitos y cobranzas, administración y dominio a favor de Juan Francisco Avilés Asencio.
El supuesto apoderado utilizó el ilegal documento para suscribir un fraudulento contrato de compraventa con la empresa “Leonsio Constructores, S.A. de C.V.”, de la que es accionista mayoritario y administrador el abogado José Julio Asencio Reynoso.
En el escrito presentado a los legisladores se mencionó también al Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Octavio Asencio Fernández, identificado como sobrino del abogado Asencio Reynoso.
Igualmente se responsabilizó de una ilegal sentencia a la Juez Civil y Secretario de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Adriana Ivette de Guadalupe Rivero Mendoza y Rafael Gildardo Coral Burgos, respectivamente.
En la formal oposición, igualmente se acusó a los apoderados de la misma sociedad mercantil, Alejandro Ledezma Álvarez y Mónica Beatriz Guerra Martínez, esta última socia de la mencionada empresa.
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