POR KUKULKÁN
HACE casi un año, lo que empezó como una manifestación pacífica por el asesinato de la joven Bianca “Alexis” Alejandrina Lorenzana se convirtió en una represión policiaca orquestada desde el interior del Palacio Municipal de Benito Juárez contra el grupo que acudió a protestar en la Plaza de la Reforma del centro de Cancún y fue recibido a balazos por elementos de la policía municipal dejando como saldo más de una decena de heridos. Y aunque a todos les fueron reparados los daños, la mayoría se inconformó por la vía jurídica contra los métodos y el monto económico que se asignó a cada uno.
AYER la justicia federal les otorgó la protección a los quejosos que recurrieron al juicio de amparo para revertir el dictamen reparatorio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (CEAVEQROO) a once de las víctimas de represión. La impugnación jurídica se dio contra el monto económico que obtuvieron las partes afectadas que se fijó de 100 mil a 130 mil pesos, pero de cuya cantidad fueron descontados los honorarios de especialistas en psicología, medicina y en rehabilitación, que dejó depósitos líquidos menores a 9 mil pesos en las cuentas bancarias de las quejosas.
EL AMPARO fue otorgado por el Juzgado Cuarto de Distrito del Vigésimo Séptimo Circuito y el sentido de la resolución judicial ordenó dejar insubsistente la compensación económica decretada por el Consejo Directivo del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral emitida por el Consejo Directivo de la CEAVEQROO, al mismo tiempo que obliga a este organismo a dictar una nueva resolución resarcitoria. Durante el proceso jurídico, los afectados ya habían denunciado su “revictimización” y violación a derechos humanos al imponerles una compensación económica proveniente de los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del estado.
EL MISTERIO de esa noche del 9 de noviembre de 2020, sigue siendo quién o quiénes dieron la orden a los policías de abrir fuego contra los manifestantes porque el hecho evidenció la vulnerabilidad del Mando Único donde participan las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno (municipio, estado y federación), así como el Ejército y la Marina. La cadena de mando y responsabilidad condujo nada más hasta el entonces secretario de Seguridad Pública Municipal, Eduardo Santamaría Chávez, quien junto con un grupo de diez policías bajo su mando fueron vinculados a proceso en marzo pasado por el delito de agresiones que ponen en peligro la vida.
OTRO sacrificado fue el entonces secretario de Seguridad Pública del Estado, José Alberto Capella Ibarra, quien a pesar de justificar que el día de los hechos él había asistido al funeral de su madre fue cesado fulminantemente ante la presión de las protestas. Originalmente se habló de una suspensión indefinida del cargo, pero la realidad fue que el comandante ya no regresó hasta la inauguración del C5 para anunciar su renuncia oficial al cargo. Se fue el comandante Capella Ibarra y se llevó consigo ese secreto que tiene en la cárcel a su compañero Eduardo Santamaría y a otros diez elementos más, que desde su visión no fueron ellos los responsables de que se desatará represión.
