- Guillermo Molina enfrenta al menos siete cargos penales denunciados por la Secretaría de la Contraloría de Quintana Roo, que lo señalan como presunto responsable del desvío de tres mil 177 mdp.
MARCO ANTONIO BARRERA
CHETUMAL, Q. ROO.- Ni el escudarse en la pandemia del Covid-19 le funcionó a Juan Pablo Guillermo Molina para que a la distancia fuera vinculado a un nuevo proceso por un Juez de Despacho del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Chetumal.
Al ex secretario de Finanzas y Planeación en la pasada administración estatal se le convocó físicamente a una audiencia inicial en un proceso en su contra, pero dada su inasistencia se ejecutó “sin detenido” a las 13 horas del pasado 11 de agosto.
El principal presunto operador de millonarios desvíos de recursos públicos durante la gestión del gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, está prófugo de la justicia hace tres años para evitar su aprehensión ante las acusaciones que enfrenta de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Hace cuatro meses, el ex funcionario pidió a un Juez de Control de Primera Instancia que la comparecencia fuera de manera virtual en apego al Acuerdo General 10/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, aprobado el 14 de abril de 2020.
La estrategia de Guillermo Molina intentó arroparlo en el documento que dictó medidas de seguridad extraordinarias adoptadas en la pandemia para la atención de los asuntos urgentes en los juzgados del Sistema Penal Acusatorio, publicado en el Periódico Oficial del Estado al día siguiente de su aprobación.
El objetivo jurídico del ex funcionario fue que como parte de la carpeta administrativa 27/2021 la sesión constitucional fuera realizada de manera virtual o de lo contrario esperar a que cambiara a color verde el semáforo epidemiológico para supuestamente proteger su salud e integridad física, o en su caso dada su inasistencia no fuera declarado sustraído a la acción de la justicia.
Pero el Juez de Control ordenó la práctica de la audiencia inicial sin detenido de manera presencial que lo vinculó a proceso, lo que generó que el ex servidor público interpusiera el amparo 28477300 ante el Juzgado Sexto de Distrito del Vigésimo Séptimo Circuito, el 27 de julio.
La justicia federal le negó primero la suspensión provisional pues consentir la demanda equivaldría a la paralización del proceso penal, al igual que ocurrió con la petición si ha lugar o no declararlo sustraído del incumplimiento por tratarse “de actos futuros e inciertos” en una resolución que se dictó al día siguiente.
La parte quejosa impugnó el fallo judicial mediante el recurso de queja 28519401 que le fue también negado por el Segundo Tribunal Colegiado al declararse sin materia el 17 de agosto siguiente. El fallo desechó la impugnación ya que antes se resolvió la suspensión definitiva, que validó la anterior.
De ahí siguió después que se dictara la sentencia definitiva (15 diciembre), que sobreseyó el reclamo del borgista contra los actos del Juez de Control de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal.
El ex titular de la Sefiplan lleva acumulados 32 juicios de amparo desde 2017, de los que ha conseguido una decena de resoluciones favorables en juzgados federales de Quintana Roo y Yucatán.
Otro juicio de garantías en proceso de resolverse fue turnado al mismo Juzgado Sexto de Distrito donde reclama del Fiscal del Ministerio Público Especializado en Combate a la Corrupción, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra Servidores Públicos de la FGE, la negativa de determinar que ha operado la prescripción de la acción penal en la carpeta de investigación FGR/QR/CHE/DDII/06/5/2017, relacionada con la renta de taxis aéreos de la empresa VIP SAESA.
Guillermo Molina enfrenta al menos siete cargos penales denunciados por la Secretaría de la Contraloría de Quintana Roo, que lo señalan como presunto responsable del desvío de tres mil 177 millones de pesos.
Igualmente, en el Congreso del Estado de Quintana Roo tiene pendiente un juicio de responsabilidad política a cargo de la Comisión Instructora, cuyo procedimiento inició en la pasada XV Legislatura.
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