- Al menos siete de los once municipios de Quintana Roo incumplen desde hace 44 meses con la adecuación legal reglamentaria para garantizar los mecanismos de participación ciudadana, entre otros.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- Al menos siete de los once municipios de Quintana Roo incumplen desde hace 44 meses con la adecuación legal reglamentaria para garantizar los mecanismos de participación ciudadana y la instalación de los consejos consultivos y los comités de vecinos.
La ausencia de un andamiaje jurídico ha impedido que las personas participen en la toma de decisiones en las alcaldías en Bacalar, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos y Tulum, a pesar de que lo mandata la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo.
El ordenamiento fue aprobado por la XV Legislatura estatal mediante el Decreto 160 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 23 de marzo de 2018, pero los citados municipios pasaron por alto la creación de la reglamentación dentro del plazo estipulado de 180 días naturales, que venció en septiembre de 2018.
La normatividad pretende hacer efectivo el acceso a los mecanismos de silla ciudadana, consulta y audiencias vecinales, presupuesto participativo, consejo consultivo ciudadano y comités ciudadanos y de vecinos, además de la instalación de los consejos consultivos ciudadanos y los comités de vecinos.
Ante el incumplimiento, un particular se dio a la tarea de comprobar que la legislación aprobada era “letra muerta”, lo que documentó en 10 de los once municipios de la entidad, cuya investigación presentó a principios del presente año.
El presidente de Activismo Playense, Asociación Civil, Alfonso Arredondo Manrique de Lara, comprobó los retrasos mediante una búsqueda en los sitios de internet y por respuestas de solicitudes de información por la Plataforma de Transparencia, cuyos resultados enteró al Legislativo mediante el oficio AAMDEL/00010/2021 del 11 de enero pasado.
El Congreso de Quintana Roo tardó casi un año en darle respuesta, no sin antes constatar los municipios en falta y aprobar un punto de acuerdo, con lo que dio por atendida la queja ciudadana.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo, Eduardo Martínez Arcila, informó al quejoso (en el oficio 058/2021) que hizo la exhortación a los municipios morosos para dar cumplimiento al derecho de los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o a través de representantes mediante el Punto de Acuerdo aprobado el pasado 15 de diciembre.
“Este derecho resulta trascendente para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno”.
En el documento donde reunió las respuestas obtenidas en 2020, Alfonso Arredondo exhibió que en Bacalar (solicitud de información INFOMEXQROO 0733620) existía un proyecto de Reglamento sin que se hubiera publicado el Periódico Oficial, por lo cual se habría incurrido en un retraso de 25 meses.
En Cozumel, a pesar de que la solicitud INFOMEXQROO 0733720 quedó sin respuesta, comprobó que existe un Reglamento de Participación Ciudadana publicado el 16 de marzo de 2010, pero que carece de los mecanismos participativos. El retraso fue de 23 meses.
En Felipe Carrillo Puerto (INFOMEXQROO 0733828), tampoco se contaba con un Reglamento de participación ciudadana, evidenciando un retraso de 23 meses.
En José María Morelos (INFOMEXQROO 0734120) se comprobó también la falta de las adecuaciones jurídicas. El retraso fue de más de 27 meses.
En Lázaro Cárdenas (INFOMEXQROO 0734120) constató la existencia de mecanismos de participación pero que no correspondían a los establecidos por la Ley estatal. El retraso fue de 24 meses.
En Puerto Morelos, la solicitud INFOMEXQROO 734220 tampoco fue respondida, sin que se pudieran comprobar adecuaciones reglamentarias. El retraso fue de 27 meses.
En Tulum, la petición de transparencia INFOMEXQROO 734320 tampoco tuvo respuesta ni se encontraron evidencias de actualizaciones legales. El retraso fue de 27 meses.
En Isla Mujeres se supo la existencia de un Reglamento aprobado por Cabildo el 4 de junio de 2019, pero sin validez legal al no estar publicado en el Periódico Oficial del Estado. El retraso fue de ocho meses y tres semanas.
La investigación del particular comprobó que en Benito Juárez se cumplió con lo estipulado por la Ley (al publicarse el reglamento el 11 septiembre de 2019), pero se hizo después de acumular un retraso de 11 meses y 19 días.
Igualmente ocurrió en Solidaridad que se aprobó el 15 de noviembre de 2019, pero fuera de plazo y con un retraso de 13 meses y 22 días.
El municipio de Othón P. Blanco fue el único que cumplió en tiempo y forma, al publicar el Reglamento dentro del plazo legal, el 19 de septiembre de 2018.
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