- De acuerdo con el estudio “Violencia política por razón de género y su impacto en el Proceso Electoral 2020-2021”, de agosto de 2020 a junio del 2021 ante Fiscalías estatales se registraron 350 denuncias, y en Institutos Electorales 660.
ÉRIKA HERNÁNDEZ / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- En el proceso electoral de 2021 se registraron mil 010 denuncias y quejas por violencia política de género ante Fiscalías estatales e Institutos Electorales.
Sin embargo, datos del Instituto Nacional Electoral (INE) y diversas organizaciones indican que las autoridades prácticamente no hicieron nada.
De acuerdo con el estudio “Violencia política por razón de género y su impacto en el Proceso Electoral 2020-2021”, de agosto de 2020 a junio del 2021 ante Fiscalías estatales se registraron 350 denuncias, y en Institutos Electorales 660.
Sin embargo, según la evaluación de las autoridades electorales, Oaxaca, Chiapas y Veracruz son las entidades con mayor violencia política de género, aunque haya menos denuncias, quizá por miedo a denunciar.
Por ejemplo, el instituto electoral de Chiapas reportó que 450 mujeres acudieron para pedir orientación de cómo interponer una denuncia o queja, pero no lo hicieron, mientras que la Fiscalía local registró 35 denuncias.
En el caso de Veracruz, la autoridad no quiso proporcionar información. Del cruce de datos —denuncias y entrevistas—, las autoridades electorales desprenden que Coahuila, Guerrero y Zacatecas registran menos casos, pero son más graves.
Guanajuato y Tabasco están en números rojos, pues su tendencia preocupa.
Cientos de casos llegaron al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
En este mecanismo a cargo del INE están registrados 166 casos, de los cuales 145 sí obtuvieron algún tipo de sanción, principalmente una amonestación y aparecer en dicho registro hasta por 7 años, lo que los imposibilita de participar en procesos electorales.
Veracruz y Oaxaca ocupan los primeros espacios, con 41 y 26 denuncias, respectivamente, seguido por Baja California con 14.
EDILES VERACRUZANOS
En la lista están, principalmente, autoridades locales —alcaldesas, ediles o regidores— que bloquearon o agredieron a las mujeres que aspiraban a sucederlos, así como líderes de partidos nacionales y estatales.
Un caso emblemático es el del alcalde de Altotonga, Veracruz, Ernesto Ruiz Flandes, de Movimiento Ciudadano, quien en nueve ocasiones ha sido acusado por regidoras de abuso de poder y agresiones verbales.
Su sanción fue permanecer en el registro por 7 años. En casos similares están los alcaldes Javier Castillo Viveros, de Alto Lucero, y quien milita en el Panal, y el morenista Lázaro Avendaño, de Chinampa de Gorostiza.
Las mujeres también son excluidas de participar en procesos internos, en dotación de recursos, de decisiones de cuerpos colegiados de los que son parte.
Las consejeras Dania Ravel y Claudia Zavala lamentaron que los partidos políticos sean el principal violentador, pese a lineamientos que deben atacar.
“En las entrevistas se señala que esto se intensificó en la pandemia, pues los partidos centralizaron más sus decisiones y fueron menos transparentes”, indicó Ravel.
“Los partidos políticos son los principales generadores de violencia en contra de las mujeres por razón de género”, agregó Zavala.
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