- En Quintana Roo, en varios casos la CNDH ha tardado tres años en concluir si los servicios de salud, principalmente del IMSS, incurren en negligencia que provoca la muerte de pacientes.
DALILA ESCOBAR
CIUDAD DE MÉXICO.-A tres años de un acto de negligencia en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Cancún, Quintana Roo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación que concluye que una mujer de 71 años murió por omisiones del personal de salud.
Se trata de la recomendación 145/2021 al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, por la inadecuada atención médica y la violación del derecho al acceso a la información en materia de salud, en agravio de una mujer de 71 años.
“Ya que hubo omisiones del personal médico y el cuidado resultó tardío al no ingresarla al servicio de Terapia Intensiva por falta de cupo, su estado de salud se agravó y perdió la vida el 19 de octubre de 2018”, informó el organismo autónomo.
De acuerdo con la recomendación, la paciente ingresó al Hospital General de Zona número 3 (HGZ-3) el 22 de septiembre de 2018, con fuerte dolor abdominal por presentar inflamación crónica de la vesícula.
“El no atenderla en Terapia Intensiva tuvo como consecuencia que presentara una infección en todo el cuerpo, que le destruyó riñones, hígado, pulmones, pies, piel e incluso su cerebro, según el escrito de quien presentó la queja, lo que coadyuvó a la muerte de esta persona”, indicó la CNDH.
Y concluyó que “se acreditan violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud, a la vida, en agravio de la víctima; y del derecho a la información en materia de salud afectando el derecho de los familiares de esta persona, todo ello atribuible al personal médico que atendió el caso en el HGZ-3, ya que omitieron realizar una entrevista intencionada dirigida, condicionando la dilación en el diagnóstico certero y tratamiento oportuno, lo que retrasó la atención médica”.
Las omisiones también incurrieron en no solicitar de manera urgente la valoración por el Servicio de Cirugía y hubo una falta de valoración continua, lo que contribuyó a que la salud de la paciente se deteriora y falleciera.
“También se ha considerado que hubo una responsabilidad institucional por parte del IMSS, ya que no había personal para realizar a la víctima el ultrasonido, por lo cual no se pudo efectuar; además, existe incumplimiento del IMSS en el hecho de que no había espacio en la Unidad de Cuidados Intensivos”, indicó la CNDH.
La CNDH solicitó la reparación de daños mediante medidas de rehabilitación, de compensación, de satisfacción y de no repetición, además de que “en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), proceda a la reparación integral del daño causado a los familiares de la víctima y que, en términos de la Ley General de Víctimas, se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas, a fin de que tengan acceso a los recursos de Ayuda, Asistencia, Reparación Integral correspondiente y se les otorgue la atención psicológica y tanatológica que requieran”.
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OTROS CASOS
En Quintana Roo, en varios casos la CNDH ha tardado tres años en concluir si los servicios de salud, principalmente del IMSS, incurren en negligencia que provoca la muerte de pacientes.
Otro ejemplo se dio en 2018 cuando emitió una recomendación al Seguro Social de un hecho que se registró en 2014.
La recomendación 40/2018 también fue dirigida al director general del IMSS en ese entonces, Tuffic Miguel Ortega, por el caso de violencia obstétrica en el Hospital General de Zona de Medicina Familiar No. 1 en Chetumal, Quintana Roo, así como al Fiscal General Interino de la entidad, Gustavo Salas Salgado.
“Las omisiones en que incurrieron las personas servidoras que atendieron a la víctima durante su control prenatal, condicionaron las complicaciones que presentó en el último mes de su embarazo, aunado a que el personal médico del área de ginecobstetricia omitió realizarle una cesárea desde su ingreso para resguardar el binomio materno fetal, lo que ocasionó que presentara desprendimiento prematuro de placenta y la subsecuente pérdida del producto de la gestación por trabajo de parto prolongado”, indica la CNDH.
La conclusión de la CNDH fue “que las autoridades de la entonces Procuraduría Estatal de Justicia de Quintana Roo, omitieron remitir a la PGR la averiguación previa iniciada con motivo de los hechos y no después de dos años de inactividad procesal, aunado a que no les reconoció a los denunciantes su calidad de víctimas, lo que les generó perjuicio al haber hecho nugatoria la posibilidad de justicia en su favor”.
La petición es que diera una compensación justa y suficiente, así como atención psicológica y tanatológica; así como, sean inscritos en el Registro Nacional de Víctimas.
Desde la recomendación de 2014 la CNDH ha solicitado la capacitación de su personal en materia de derechos humanos, específicamente “mala praxis”, derecho a la salud y a la vida, además de emergencias obstétricas; sin embargo, los casos persisten.
TAMBIEN EL ISSSTE
En materia de salud el IMSS no es la única institución en la que se presentan este tipo de casos, en julio de 2020 se denunció que un directivo de un hospital del ISSSTE en Chetumal pidió desconectar a pacientes con Covid-19 de respiradores.
Ante esta situación el ISSSTE informó que se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República “por hechos probablemente constitutivos de delito contra los presuntos implicados en la muerte de dos pacientes. En el #ISSSTE no se toleran malas prácticas en la atención médica”, indicó.
Hasta el momento el IMSS solo respondió al caso de 2014 y aseguró que daría “el cumplimiento de todos los puntos de su competencia contenidos en la Recomendación, así como reforzar la capacitación al personal institucional en la unidad médica involucrada, en materia de derechos humanos, con apego a las normas nacionales e internacionales”, sin dar a conocer si en efecto entregó una compensación en recursos a los afectados, como lo indicó la CNDH.
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