- El pretendido mandamiento penal contra la mamá del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, se gestionó ante jueces de Distrito especializados en el Sistema Penal Acusatorio.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- En un escritorio de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Fiscalía General de la República (FGR), quedó olvidada desde 2019 una solicitud de orden de aprehensión contra la señora María Rosa Yolanda Angulo Castilla. Borge
La petición fue realizada el 30 de agosto de ese mismo año por un agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda, por la probable intervención en el delito de delincuencia organizada.
El pretendido mandamiento penal contra la mamá del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo (actualmente preso en Morelos), se gestionó ante jueces de Distrito especializados en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, el 30 de agosto, el mismo día que la mujer cumplió 76 años de edad.
La versión de la orden de aprehensión fue revelada por la encargada del Despacho Logístico y Administrativo en Nezahualcóyotl, que refirió que el mandamiento fue resuelto por la autoridad jurisdiccional que determinó el 1 de septiembre del mismo año, que carecía de competencia legal para librarla y declinó su competencia a otra autoridad, que no la aceptó y la declinó.
Fue entonces que el caso se elevó a conflicto competencial que se resolvió el 10 de septiembre por la Magistrada del Tercer Tribunal Unitario del Segundo Circuito con residencia en el mismo municipio del Estado de México determinó a la autoridad competente para librarla.
En la resolución se estableció que el responsable era el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, pero con residencia en el Altiplano en Almoloya de Juárez.
Pero luego de más de dos años que realizó la petición (hasta el 20 de septiembre de 2021), jueces de Distrito adscritos al Centro de Justicia Penal Federal tanto de Nezahualcóyotl como del Altiplano negaron categóricamente la existencia de algún mandamiento activo.
Los detalles de la supuesta solicitud de aprehensión quedaron expuestos el 30 de diciembre pasado cuando se decretó una sentencia sobreseída del Juzgado Séptimo de Distrito del Vigésimo Séptimo Circuito, bajo el caso 28683893, iniciado el 8 de septiembre de 2021.
La demanda de medidas cautelares fue gestionada por el representante legal Jorge Enrique Marín Poot, a nombre de María Rosa Yolanda Angulo Castilla y/o Rosa Yolanda Angulo Castilla y/o Rosa Yolanda Angulo Castilla de Borge.
El acto reclamado fue contra una orden de aprehensión o comparecencia o detención o citación dictada por jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio adscritos al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, y otras autoridades.
A todas las autoridades ejecutoras señaladas se les acusó de pretender formular alguna imputación penal, y de una presunta omisión “de dar cumplimiento a las medidas y acciones sanitarias de contención, para evitar que la suscrita se contagie con el virus Covid-19 y evitar su propagación de dicho virus a mi núcleo familiar”.
Lo anterior, debido a que la quejosa argumentó su condición de adulto mayor “que me hace más vulnerable contagiarme del virus SARS-COV2 (Covid-19)”.
La sentencia de amparo fue sobreseída por el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Quintana Roo, Mauricio Fabela Sabás, quien estuvo encargado del despacho por vacaciones del titular.
De acuerdo al documento, la negativa de la existencia de mandamientos judiciales fue por Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio adscritos al Centro de Justicia Penal Federal de los reclusorios preventivos Sur, Norte y Oriente de la Ciudad de México y del Altiplano en Almoloya de Juárez y Nezahualcóyotl del Estado de México, y de Chetumal y Cancún, Quintana Roo. Además, de la Policía Federal Ministerial de la FGR con sede en Chetumal
En la resolución, la señora María Rosa Yolanda Angulo Castilla (quien nació el 30 de agosto de 1943 y que ahora tiene 78 años de edad cumplidos), “no aportó prueba idónea para desvirtuar la afirmación de las autoridades responsables”.
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