- Desechan amparo contra designación del magistrado Jesús Antonio Villalobos como presidente del Tribunal de Justicia Administrativa.
MARCO ANTONIO BARRERA
CHETUMAL, Q. ROO.- La justicia federal avaló la designación del magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Quintana Roo, Jesús Antonio Villalobos.
Mediante una resolución legal se decretó que la elección de aspirantes es una facultad exclusiva del Congreso del Estado, y que la participación de los aspirantes no los legitima para que puedan impugnar la legalidad del procedimiento interno.
Un fallo del Juzgado Primero de Distrito con sede en la entidad consideró también que el hecho de que los participantes hayan sido admitidos no se adquieren derechos exclusivos sobre los demás candidatos ni derechos irrevocables para integrar la terna final.
El juicio de amparo número 29492589 (presentado el pasado 9 de febrero) fue interpuesto por uno de los aspirantes que no logró ser finalista, pero que acusó una supuesta inconstitucionalidad del proceso con el cual se sustituyó a Fernando Gama Rodríguez, a quien le fue aceptada la renuncia en diciembre del año pasado.
El quejoso argumentó que el recientemente electo Villalobos Carrillo se desempeñó como secretario de despacho o su equivalente en el gobierno estatal el año pasado, lo que supuestamente impedía su participación.
El juzgador estableció que el promovente carecía de interés jurídico y legítimo, pues los posibles vicios o irregularidades deberían repercutir en alguna afectación de sus derechos, pero no le causaron agravio personal ni directo a sus derechos.
El artículo 110 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo establece que los magistrados del TJA se elegirán por una convocatoria pública abierta en la que se dictan las bases de participación.
El procedimiento de designación se desarrolla en un contexto en que se realiza un amplio estudio sobre las características de cada aspirante, conforme lo dicta le Ley y lo establece la convocatoria.
De acuerdo con el procedimiento, las personas que deseen participar y cumplan con las bases de la convocatoria, quedarán sujetos a la determinación de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la XVI Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, que validará requisitos, entrevistará a los aspirantes y emitirá un dictamen al Ejecutivo.
A su vez, el gobernador hará dos propuestas de los mejores perfiles que remitirá al Congreso en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores, y tocará al Legislativo designar al magistrado ganador.
Los actos reclamados en el juicio de garantías fueron contra el proceso que aprobó el dictamen con la lista de aspirantes, el 18 enero pasado.
Pero igualmente contra el contenido de la sesión número uno del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de ejercicio constitucional celebrada al día siguiente, en la que se aprobó la designación y nombramiento del referido servidor público.
Una tercera acción impugnada fue la remisión al titular del Poder Ejecutivo de una copia de documentos con sus anexos, para que se pudiera integrar la propuesta final de los aspirantes.
Al titular del Poder Ejecutivo de Quintana Roo se le cuestionó judicialmente el oficio que dirigió a las diputadas y diputados con la propuesta de los dos profesionales del Derecho.
El proceso concluyó en la Sesión Número Uno del Segundo Periodo Extraordinario de sesiones del Tercer Año de Ejercicio constitucional cuando se designó a Jesús Antonio Villalobos, para un periodo de ocho años, y se procedió a su toma de protesta el 25 de enero pasado.
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