- Un abogado que presuntamente fue intermediario de Julio Scherer para extorsionar a Juan Collado, no estará en su audiencia este martes por dar positivo a Covid-19.
ABEL BARAJAS / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los cuatro abogados denunciados por presuntamente ser intermediario de Julio Scherer Ibarra para extorsionar a Juan Collado dio positivo a Covid-19 y no estará presente este martes en la audiencia donde iba a ser imputado por diversos ilícitos.
Se trata de Isaac Pérez Rodríguez, a quien el 20 de febrero de 2020 familiares de Collado le entregaron un cheque de un millón 381 mil 851 euros en Madrid, España, como parte de los honorarios para el despacho Araujo, González, Peimbert, Robledo & Carrancá.
Pérez envió un escrito por correo electrónico al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte para informar que el pasado viernes 4 de marzo resultó positivo en la prueba del virus SARS-COV-2 (Covid-19) y por tanto se encuentra aislado y atendiendo las recomendaciones sanitarias públicas.
“Por ende, solicita se le tenga por justificada su inasistencia a la audiencia inicial señalada en el presente asunto; y, para sustentar su dicho, remite la prueba referida, así como escrito firmado por el médico cirujano Juan Muñiz Ramírez, quien comunica el cuadro clínico del justiciable de marras, la prescripción de medicamentos y recomendaciones”, dice un oficio firmado por Pedro Serret Hernández, administrador del centro de justicia.
Por lo regular, en asuntos donde hay varios imputados, los jueces de control no llevan a cabo una audiencia inicial si alguno de los presuntos implicados no asiste; sin embargo, esa no es una norma y este martes el Juez José Rivas González va a dirimir si celebra o no la diligencia.
En la audiencia inicial, programada para este martes a las 13:10 horas, también están citados los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández y el asesor financiero David Gómez Arnau, a quien se le señala también como representante de Banco Afirme.
La Fiscalía General de la República pretende formular imputación contra los cuatro por los delitos de extorsión, lavado de dinero, tráfico de influencias y asociación delictuosa.
Los cargos penales tienen como punto de partida la denuncia presentada el pasado 19 de octubre por Juan Collado, quien asegura que por instrucciones del ex consejero Jurídico de la Presidencia los abogados ahora imputados pretendieron obligarlo a vender Caja Libertad a Banca Afirme como condición para otorgarle un acuerdo reparatorio que le permitiera salir de prisión.
Banca Afirme es propiedad de Julio César Villarreal Guajardo, a quien Collado señala como amigo de Scherer. Collado está preso en el Reclusorio Norte, desde el 9 de julio de 2019, por un proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Pide amparo otro implicado
César Omar González Hernández, el abogado a quien Juan Collado asegura haberle entregado 10 millones de pesos en efectivo por una gestión ante la Unidad de Inteligencia Financiera, presentó un amparo contra cualquier posible orden de aprehensión girada en su contra.
El imputado presentó su demanda de garantías el pasado viernes ante Antonio González García, Juez Segundo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, quien de inmediato giró un oficio al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, para que le informen si existe un mandamiento de captura.
De acuerdo con un oficio suscrito este lunes por el administrador del recinto judicial, los Jueces de control adscritos José Artemio Zúñiga Mendoza, Marco Antonio Fuerte Tapia y Gustavo Aquiles Villaseñor, así como el Juez de ejecución Edmundo Manuel Perusquia Cabañas, ya informaron al juez de amparo que no han librado ninguna orden de aprehensión, presentación o comparecencia contra César González.
Sin embargo, el Juez José Rivas González, responsable del caso contra los abogados y quien presidirá la audiencia de este martes, hasta el momento no ha rendido un informe para precisar si ha girado o no un mandamiento de captura contra el abogado.
En la indagatoria, Collado denunció que el 18 de junio de 2019 entregó una maleta con 10 millones de pesos a González, como pago por una gestión que consistió en conseguirle una reunión con Santiago Nieto, entonces titular de la UIF, y un oficio del mismo organismo que establece que no investigaba al procesado.
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