Por KUKULKÁN
LAS CAMPAÑAS electorales abren todo un mercado de oportunidades para que ‘estrategas’ de diferentes latitudes del país lleguen a los estados donde habrá elecciones ofreciendo un amplio repertorio de soluciones en comunicación política para hacer frente a los adversarios y salir airoso con la gubernatura en la mano; desde luego siempre apostándole al candidato que se perfila como el favorito, al que va arriba en las encuestas, para no errarle.
COMO moscas, recientemente se han acercado a la candidata de Morena al gobierno de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, todo tipo de personajes que se presentan con cartas credenciales de verdaderos generales en la materia político electoral y en la implementación de discursos para imantar al electorado. Su especialidad, en lo que no fallan, es cobrar en tiempo y forma sus honorarios, generalmente tasados hasta las nubes.
Y EN ESTO de las oportunidades del mercado electoral no faltan tampoco quiénes, a nombre de la candidata, andan pasando la charola con empresarios de otros estados de la península de Yucatán para supuestamente financiar su campaña; el equipo de Mara Lezama recientemente fue alertado de que el ‘activista comunitario’ Antonio Cervera León andaba en Mérida presentándose como el recolector de los recursos para la campaña política de la morenista pero no contaba con que algunos de los timados luego, luego pasaron el reporte para el deslinde de responsabilidades.
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POR SEXTA ocasión, el Congreso de Quintana Roo mostró la falta de interés para modificar el Código Penal de Quintana Roo como lo mandató la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante una decisión histórica que declaró inconstitucional criminalizar la práctica del aborto, según la cual los congresos locales no tienen competencia para definir cuándo empieza la vida ni para ampliar y anteponer los derechos del producto por encima de los adquiridos por las personas nacidas, específicamente sobre las mujeres y las gestantes.
LA INICIATIVA ya se había adecuado para cumplir con el mandato de la Suprema Corte de homologar las leyes estatales con las leyes federales que despenalizan el aborto, pero por desidia de los legisladores se dejó pasar el plazo de vigencia para someterlo a dictamen ante el pleno del Congreso y el proyecto de nueva ley se fue directo a la congeladora.
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VAYA LÍO y alboroto que ha generado la filtración de conversaciones telefónicas entre el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y el Fiscal Especializado en Control de Competencia, Juan Ramos López, donde platican sobre la estrategia legal a seguir a partir del proyecto de sentencia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá el próximo lunes para dejar en libertad a Alejandra Cuevas Morán, señalada por la muerte de Federico Gertz Manero, hermano del titular de la FGR.
EL ASUNTO es un escándalo porque el fiscal quiso espiar a los ministros del máximo tribunal del país y salió espiado al difundirse la conversación telefónica en la que él mismo reconoce que de forma soterrada tuvo acceso al proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán, en el que este pide al Juez del caso favorecer a la cuñada del fiscal general para dejarla en libertad.
AHORA el fiscal anda buscando quién filtró los audios de su conversación para difundirlos en la prensa nacional porque considera que es un delito ya que las grabaciones de pláticas privadas son prohibidas, sólo pueden realizarse mediante orden judicial. Pero Gertz Manero se quedó callado respecto a informar quién le pasó el fallo del ministro Dayán antes de hacerse público ante el pleno de la Suprema Corte.
