- Revela opacidad en contratación de personal eventual del INE y reporta que no hay garantía del uso eficiente de recursos en diversas áreas.
ÉRIKA HERNÁNDEZ / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Falta de control, vigilancia, organización y opacidad en contrataciones, deficiencia de plataformas, pagos excesivos en servicios e incumplimiento de criterios son algunas críticas del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE).
Ese descuido administrativo, indica, provoca que no se tenga garantía o certeza del uso eficiente de recursos en diversas áreas.
El informe de la contraloría interna sobre la gestión de 2021 del INE incluye un análisis de las fallas más frecuentes del organismo electoral de 2014 a la fecha, muchas de las cuales, pese a las observaciones anuales, no se han podido superar.
Por ejemplo, expone, de la Plataforma de Gestión por Procesos se desprenden inconsistencias en la integración documental de expedientes de contratación. De 74 levantamientos de información de procesos a diciembre sólo tenían publicados 26 procesos.
Esto demuestra, agrega, debilidades de control en la validación de entregables de obras y servicios, lo que ocasionó que se realizaran pagos en exceso al proveedor dando lugar a solicitud de reintegro.
“Se advierte que durante el ejercicio 2021 la ejecución de los trabajos ha sido deficiente y lenta. Ha quedado de manifiesto que están pendientes de aprobación y formalización por parte de la Junta General Ejecutiva 48 de los 34 manuales de procesos y procedimientos.
“Pudiéramos estar frente a un posible incumplimiento de contrato cuyo monto máximo se celebró por la cantidad de 100 millones 754 mil pesos y/o una posible responsabilidad administrativa”, señala.
Por ello, el OIC realizará una auditoría específica este año, para deslindar responsabilidades.
SIN ACREDITACIÓN
Sobre el proyecto de presupuesto 2022, la contraloría informa que las unidades responsables no entregaron información programática, metas, objetivos o descripción de funciones, para comprobar que los recursos que solicitaban eran justificables.
Sin esa información clave, acusa, la Junta General Ejecutiva del INE, integrada por todas las Direcciones y Unidades del organismo, y encabezada por el consejero presidente, Lorenzo Córdova, aprobó una cartera de proyectos por 7 mil 593 millones de pesos.
“No se cumplió con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto, que señala que los sujetos obligados deberán observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficacia, y que sean asignados con transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género”, apunta.
Una muestra, indica, es que en 110 de los 141 proyectos específicos no acreditó la justificación para contratar personal eventual por 2 mil 972 millones de pesos.
“Su efecto no es sólo en el ámbito administrativo y operativo, también en el presupuestal, por el impacto que tiene para las finanzas del Instituto la aprobación de estructuras orgánicas sin el debido rigor técnico ni metodológico”, señala.
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