- La Comisión Anticorrupción del Senado tiene listo el documento que incluye una definición del concepto de paraíso fiscal.
JESÚS ESTRADA / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- De prosperar un dictamen que se revisa en el Senado de la República, todos los servidores públicos se verán obligados a detallar en su declaración patrimonial los bienes o capitales que posean en paraísos fiscales.
La Comisión Anticorrupción de la Cámara Alta tiene listo el documento que incluye los alcances de la iniciativa y una definición del concepto de paraíso fiscal.
“Las Personas Servidoras Públicas observarán las siguientes directrices: Abstenerse de omitir en su declaración los bienes, dividendos, rendimientos, bonos, participaciones, inversiones u otra compensación de cualquier naturaleza en jurisdicciones con regímenes fiscales preferentes o en paraísos fiscales, incluidos los del cónyuge o la persona con quien viva en concubinato o familiares consanguíneos en línea recta ascendente o descendente, colaterales o por afinidad, hasta el segundo grado”, se lee en el texto.
De acuerdo con el documento, “el incumplimiento de esta prohibición será sancionado en términos de lo establecido en el artículo 78 de la presente Ley (General de Responsabilidades Administrativas), sin perjuicio de las penas que, en su caso, procedan por la comisión de conductas constitutivas de delitos contempladas en la legislación penal y fiscal aplicable, y 6 Artículo 35”.
Respecto a la definición que el dictamen aporta sobre lo que es un paraíso fiscal, se establece que se trata de un país, territorio o jurisdicción con regímenes fiscales preferentes para personas no residentes, que cumpla con al menos uno más de los siguientes criterios: “Que no esté dispuesto a brindar información de las personas beneficiadas con gravamen nulo o bajo a las autoridades mexicanas correspondientes; que en el país, territorio o jurisdicción exista un régimen tributario particular para no residentes que contemple beneficios o ventajas tributarias que excluya explícita o implícitamente a las personas residentes”.
Según la iniciativa, los funcionarios “observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, transparencia, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público”.
Andorra, Bahamas, Barbados, Hong Kong, Belice, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Gibraltar, Liberia, Luxemburgo y Panamá son señalados en el dictamen como algunas jurisdicciones que operan como paraísos fiscales.
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