- Tres mujeres de Tulum obtuvieron también una suspensión provisional que reafirmó detener la construcción del Tramo 5 Sur del Tren Maya.
MARCO ANTONIO BARRERA
TULUM, Q. ROO.- Además de la medida cautelar concedida recientemente a buzos de Playa del Carmen, tres mujeres de Tulum obtuvieron también una suspensión provisional que reafirmó detener la construcción del Tramo 5 Sur del Tren Maya, en Quintana Roo.
La segunda medida cautelar decretada fue en el mismo sentido al tratar de evitar un ‘daño irreversible’ a la biodiversidad de la zona con la ejecución del tramo proyectado de Playa del Carmen a Tulum.
A las autoridades responsables se les impuso el ordenar y tomar las medidas pertinentes para que la empresa ejecutora de las obras paralice inmediatamente los trabajos, cuyo cumplimiento deberá ser estricto.
La resolución judicial se decretó en el expediente 29745042 radicado en el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán, ante una solicitud de medidas cautelares de Kosby Tania Ramírez González (representante), Bernardette Carrión Van Rijin e Imelda Jazmín Kinil Pech, el pasado 19 de abril
En el amparo se acusó al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a su oficina regional en Cancún, además de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la misma dependencia, de incurrir en una omisión de su obligación para proteger y garantizar el derecho a un ambiente sano, el acceso a la información y al agua y a la participación ciudadana.
Legalmente se invocó también la aplicación del principio denominado `un dubio pro natura’, el cual señala que ’ante la duda, actúa a favor de la naturaleza’, como una medida de precaución y prevención a favor de los recursos naturales.
El argumento analizado por el juez Adrián Fernando Novelo Pérez fue la devastación de la selva sin que las obras fueran evaluadas previamente en materia de impacto ambiental, al carecer de autorización en materia forestal y por incumplir el cambio de uso de suelo.
En la demanda se criticó igualmente la falta de las autoridades ambientales de programar, ordenar y realizar visitas u operativos para vigilar y evaluar las disposiciones jurídicas vigentes, y ante su transgresión establecer medidas y sanciones.
Las mujeres señalaron como autoridades ejecutoras a las empresas Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)-Tren Maya, S.A. de C.V., al Grupo Acciona, S.A. y al Grupo México, S.A.B. de C.V., aunque estas dos últimas delegaron la responsabilidad a la moral Desarrollo del Sureste Playa del Carmen Tulum, S.A. de C.V. como titular del contrato de obra pública PTM-TRAMOS/21-01-02.
Las demandantes sostuvieron que se percataron de los trabajos de desmonte de la selva con maquinaria pesada el 10 de marzo pasado, a pesar de un anuncio previo del director general del Fonatur de que la ruta sería paralela y a ras de suelo de la carretera federal 307 difundido por los medios de comunicación, el 22 de enero pasado.
En el juicio fue negada una prueba de inspección judicial física que se había georreferenciado con claridad, al omitirse una de las formalidades que la ley impone, como es elaborar un cuestionario con los puntos concretos sobre los cuales se hará la observación.
Los alcances de la suspensión provisional ordenaron detener la ejecución de obras relacionadas con la construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material. ‘Esta medida cautelar provisional surtirá efectos hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva en este incidente.’
A pesar de que la solicitud de medidas cautelares se planteó sobre la totalidad del trayecto del Tren Maya por la entidad, se concedieron únicamente para el Tramo 5 Sur.
Para el juez se acreditó el interés legítimo de las promoventes, como habitantes y beneficiarias de los servicios ambientales del ecosistema vulnerado, en particular la selva, los ríos subterráneos, las cuevas, los cenotes y el manto acuífero.
Al igual que en la suspensión provisional concedida con anterioridad a tres buzos de Playa del Carmen, representados por José Guillermo Urbina, no se impidió que las autoridades responsables suspendieran los trámites administrativos, como la obtención de permisos ambientales o elaboración de presupuestos o proyectos.
El apoderado legal de Fonatur-Tren Maya, Marco Aurelio Colín, interpuso una queja para combatir la suspensión provisional, cuyo medio de defensa ante una resolución urgente impone un plazo de presentación de dos días hábiles y la resolución a las 48 horas siguientes.
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