- Las agrupaciones de la sociedad civil en el sureste mexicano presentaron una demanda por daños al medio ambiente.
DALILA ESCOBAR
CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal admitió una demanda colectiva de más de 50 organizaciones civiles en contra de cinco empresas que están a cargo de la construcción del Tren Maya, a las que acusan de ecocidio y piden la suspensión total y definitiva de todos los tramos de la obra.
La Organización Nacional de Responsabilidad del Estado A. C. (ONRE), es la representante de las agrupaciones de la sociedad civil en el sureste mexicano, que solicitaron el anonimato porque, afirman, han recibido amenazas.
Las cinco empresas demandadas son: Grupo México S.A de C.V.; México Proyectos y Desarrollos S.A. de C.V.; ICA Constructora S.A. de C.V.; ICA Constructora de Infraestructura S.A. de C.V.; y Acciona Infraestructuras México, S.A. de C.V.
El expediente es el 932022 y está registrado como una demanda que se ampliará, al menos, contra otras 40 personas morales privadas.
ONRE detalló que “de acuerdo a la aproximación primaria, ronda los 26 mil millones de dólares la valoración económica de transferencia de beneficios desde el ecosistema dañado, es decir, lo que se requiere para la reparación, reintegración, remediación y reposición de los daños ecológicos y sus servicios ambientales”.
En el documento detallan que entre daño directo, indirecto, pérdida de flora, daños a la fauna, al sistema hídrico, arqueológico, fragmentación de paisaje y salud forestal, entre otros aspectos, que suman 11, la reparación del daño ya generado es de más de 572 mil 147 millones de pesos.
El “golpe” que buscarían dar, más allá de un amparo, es en la cuestión de dinero de las empresas, con lo que estas podrían tener grandes pérdidas, en caso de ser responsables de los delitos de los que son señalados.
La demanda fue admitida el viernes 13 de mayo, “es reparatoria a favor de todas y todos, pues además contempla la posible suspensión definitiva de la construcción del Tren Maya”, indica el documento de ONRE.
Alberto Guerrero, abogado al frente de esta demanda, informó que “Luis Alberto Ibarra Navarrete juez octavo de distrito en materia civil admitió la demanda, que tiene muchos anexos. Se ve que la estudiaron y analizaron y obtuvimos un auto admisorio en forma muy ágil”.
“Esperamos que el Poder Judicial Federal también actúe con independencia y autonomía y que juzgue esto con lo sencillo que vemos que son actos ilícitos y tiene que condenar a los cinco demandados”, dijo.
Destacó que “de enero a la fecha más de 100 funcionarios de Fonatur han renunciado por quererlos obligar a firmar estos documentos (manifestaciones de impacto ambiental), que yo no se los recomendaría, porque los sexenios son temporales, pero este tipo de delitos son tan graves que no les va a alcanzar para que llegue en un futuro cuando el presidente ya no esté. Quien se atreve a firmar un estudio de impacto ambiental sin los elementos necesarios, comete un delito”.
El abogado aseguró que este recurso legal es para “mandarles un mensaje a estas personas morales: ‘señores, no van a hacer negocio con la naturaleza, aunque sea un asunto que nos lleve seis años’”.
La demanda es distinta a un amparo, explicó, porque es de reposición del daño y en el caso que no se pueda reparar, tendrán que buscar otro lugar con las mismas características y restablecer flora, fauna y agua.
Guerrero aseguró que “no tenemos padrinos, no tenemos filias políticas, ni quién pueda solventar los gastos que se general, no existe. Lo hacemos por nuestros propios medios”.
El asunto se litiga en la Ciudad de México porque la ley indica que en acciones colectivas el juez competente es el del domicilio del demandado y estas empresas tienen su ubicación en la capital del país.
Algunos de los daños que indican en la demanda son:
Devastación total de la selva media y alta subperennifolia, subcaducifolia en excelente estado. Según los datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) a lo largo de casi 40km por cerca de 60m de ancho.
También por daño a una población sana de como el jaguar; así como la fragmentación de la cuenca hidrológica de la Península de Yucatán.
Las cinco empresas tendrán cinco días para presentar sus manifestaciones de impacto ambiental, a partir de que el juez notifique.
“No vamos a detener esta demanda por nada, hasta que paguen y reparen lo que hicieron. También pedimos a las autoridades que no firmen nada, porque eso también constituye un delito grave”, alertó el abogado que representa a las organizaciones.
Argumentó que todos los amparos son contra una obra de gobierno y la diferencia que buscan con esta demanda es ir ahora contra las empresas a cargo para que sean las que opten por dejar el proyecto una vez que vean las sanciones que deberán pagar en caso de ser declarados culpables del “delito de ecocidio”.
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