- Municipios, como es el caso de Solidaridad, tienen más de 150 mdp en observaciones pendientes de solventar del anterior gobierno.
IGNACIO CALVA
CANCÚN, Q. ROO.- Durante su sesión ordinaria, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) de Quintana Roo dio a conocer algunos de los aspectos que más le llamó la atención relativo al análisis y discusión de la cuenta pública 2020, como la existencia de aproximadamente 303 millones de pesos sin solventar.
Al respecto, Raúl Cazares, miembro del CPC, indicó que uno de los temas más preocupantes era el porcentaje de esos 303 millones que corresponde a Ayuntamientos, como es el caso de Solidaridad, con más de 150 millones de pesos en observaciones pendientes de solventar del anterior gobierno.
De igual forma, mencionó que Isla Mujeres y Felipe Carrillo Puerto tenían cantidades altas pendientes de observaciones de sus anteriores administraciones.
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Explicó que estarán dando seguimiento al proceso, junto con el auditor superior, a través de una mesa especial de coordinación, pues le parece preocupante que estos problemas no se hayan solucionado aún, siendo que las entidades de gobierno con cantidades pendientes de solventar atravesaron ya un primer periodo para solucionarlo.
Asimismo, agregó que estarán en próximas fechas convocando al auditor superior para que presente el informe que se da a conocer al Congreso, y con el que se hace el análisis y discusión de la cuenta pública, ante la población, a fin de ciudadanizar el tema.
De igual forma, el CPC estará dando a conocer la información producto de su análisis de estos informes una vez que sea concluido, junto con el informe que les fue proporcionado durante la sesión de análisis y discusión de la cuenta pública 2020
Por otra parte, se lanzó una vez más el exhortó al Congreso del estado para que, durante la sesión ordinaria del Pleno este martes 31 de mayo, se someta a votación y apruebe la propuesta de Ley de Planeación Integral para el estado de Quintana Roo.
Recordaron que esta Ley busca establecer un programa de planeación integral dentro de un periodo de 25 años o más, con el fin de que exista un desarrollo ordenado y sustentable de la entidad, independiente de los posibles cambios en los gobiernos federal, estatal y municipales.
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