- Participan en plática con el SESNA y otros organismos anticorrupción del país para compartir experiencias en materia presupuestal.
IGNACIO CALVA
CANCÚN, Q. ROO.- Como parte de la plática del Anexo Transversal Anticorrupción (ATA) y su implementación en los presupuestos de egresos, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) de Quintana Roo realizó una presentación ante integrantes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA).
En esta plática se presentaron las herramientas que se han elaborado para darle un seguimiento a las acciones que se llevan a cabo en materia anticorrupción, reflejadas en el presupuesto, qué tan efectivas y eficientes han sido, y como un ejemplo para las entidades que aún no cuenta con su propia política estatal anticorrupción.
Janet Aguirre, integrante del CPC, destacó sobre la experiencia en el estado que una de las herramientas más útiles para la implementación del ATA es la existencia de una metodología, con procesos que existan en un contexto de planeación y programación adecuados.
Esto se puede dar a través de una Ley de Planeación que permita la inclusión de las políticas públicas anticorrupción dentro del ciclo presupuestal de los entes públicos, así como su vinculatoriedad, pues de lo contrario es difícil operar y optimizar el ATA.
Además, para la implementación del ATA, el CPC emitió una metodología, aprobada por el Sistema Estatal Anticorrupción, que ayuda además al seguimiento, ejercicio del gasto y rendición de cuentas, la cual destacó ha sido exitosa en la medida en que fue utilizada para la elaboración del presupuesto de egresos del 2022.
Dicha implementación se pudo ver reflejada en el Anexo 10.18 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 11 de enero de 2022, por la Secretaría de Finanzas y Planeación estatal, quienes añadió han sido abiertos al uso de estas herramientas elaboradas por el CPC.
Tras lograr que se implementará esta metodología, Aguirre indicó que el CPC pasó no a ver si se había destinado más recursos económicos para las políticas anticorrupción, sino a analizar el destino de los recursos ya designados, pues consideran que, si aún existe un rezago en la atención de acciones derivadas de la política anticorrupción, no se puede exigir mayores recursos.
En este sentido, indicó que su metodología reconoce tres componentes que las instituciones reconocen como acciones anticorrupción: Acciones que contribuyen al programa de implementación y la política anticorrupción; acciones inerciales, que son las que ya vienen elaborándose pero que no contempla innovación o coordinación interinstitucionales; y otras acciones, como las preventivas.
Fue en el análisis del presupuesto destinado a estos tres componentes donde el CPC encontró que la mayor parte del presupuesto, alrededor de 399 millones de más de 473 millones, se destinan a acciones inerciales y solo 74 millones a acciones que sí se atiende por el programa de implementación, una cuestión preocupante para el CPC.
Por ello, indicaron que buscan seguir refinando la forma y definiciones en que se implementa el ATA y se reporta el ejercicio del presupuesto en materia de anticorrupción, así como la participación en innovar la política anticorrupción y las acciones coordinadas con otras instituciones.
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