- En menos de 48 horas, dos juzgados de Distrito de Nuevo León recibieron 22 solicitudes de medidas cautelares contra el desabasto de agua.
MARCO ANTONIO BARRERA
MONTERREY, N.L.- La falta de agua en la zona metropolitana de Monterrey detonó una cascada de amparos para obtener el preciado líquido con órdenes judiciales.
En menos de 48 horas, un par de juzgados de Distrito en Materia Administrativa de Nuevo León recibió 22 solicitudes de medidas cautelares contra el desabasto, del que se responsabilizó al programa gubernamental ‘Agua para Todos’.
La estrategia oficial que se intenta combatir legalmente fue implementada por el organismo operador ‘Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey’, la cual consiste en suministrar el líquido de manera equitativa mediante una reorganización basada en la ubicación de los tanques de distribución.
La reciente configuración del abasto deja sin agua un día a los municipios de Apodaca, Pesquería, Ciénega de Flores, Zuazua, Guadalupe, Juárez, San Nicolás, Escobedo, Santa Catarina, San Pedro, Cadereyta y Monterrey.
El titular del organismo, Juan Ignacio Barragán, detalló que con el plan se regula la presión para una adecuada distribución en siete zonas en que fue dividido el territorio metropolitano, pero se afecta el abasto un día a la semana.
Ante los juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Cuarto Circuito se admitió el análisis de 22 impugnaciones jurídicas contra la medida oficial anunciada el pasado 16 de marzo.
Los solicitantes sostienen que el mecanismo de distribución vulnera el derecho a la paz tutelado en el párrafo décimo quinto del artículo tercero de la Constitución Política del estado de Nuevo León.
El ordenamiento dicta que todas las personas tienen el derecho a La Paz, y corresponderá al estado y los municipios desarrollar e implementar políticas públicas dentro del sistema educativo y en todos los ámbitos para garantizar ese derecho.
Para su análisis, los juicios de amparo se dividieron equitativamente en los dos órganos jurisdiccionales citados.
En el Juzgado Segundo se radicaron 11 juicios cuyos solicitantes reportaron su domicilio en la capital del estado. De ellos, cinco obtuvieron una suspensión provisional (30339475, 30345850, 30347556, 30347615 y 30349356) luego de acusar la violación de diversos derechos constitucionales.
En contraste, en otros seis juicios se negaron las medidas cautelares provisionales; de ellos, en los amparos 30347421, 30345835 y 303475841048 se previno para aclarar la demanda, y en otros tres (30345814, 30347456 y 30349541) se negó la suspensión provisional.
Y los restantes 11 casos se turnaron al Juzgado Primero de Distrito, de los cuales ocho solicitantes manifestaron también su lugar de residencia en Monterrey.
En cinco de los asuntos está por decidirse si son o no admitidos a trámite (30352455, 30352438, 30352714, 30352898 y 30352843), y en dos recayó una prevención antes de ser ingresados (30342561 y 30345448).
Hay otros tres juicios de garantías que también se mantienen a la espera cuyos quejosos registraron su domicilio en los municipios de Juárez (30352455 y 30352455) y García (30360370).
El amparo marcado con el número 30352814 que interpuso Ayme Alejandra López Hernández fue desechado al advertirse ‘la existencia manifiesta e indudable de la causal de improcedencia’ prevista en la fracción XXIII del artículo 6 de la Ley de Amparo.
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