Por KUKULKÁN
EL PLAZO se acerca y en el horizonte inmediato del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo aún no hay definiciones. Ni siquiera acercamientos, mucho menos acuerdos entre los 12 magistrados del máximo tribunal del estado para que en la primera semana de agosto designen, de entre ellos, a su presidente o presidenta por los próximos seis años.
EN MEDIO del proceso de transición del Poder Ejecutivo en el estado, la sucesión del presidente magistrado del Poder Judicial se adelanta y está frente a la disyuntiva histórica de asumirse como una puerta a la auténtica división de poderes o como el salto al precipicio del estado de derecho (en caso de que la designación se convierta en imposición por acuerdos políticos).
AL MENOS la mitad del pleno de 12 magistrados, tanto mujeres como hombres, aspira a ocupar la silla que actualmente ostenta de forma interina el magistrado Adolfo del Rosal Ricalde, quien a seis meses de haber asumido el cargo pareciera estar esperando ‘línea divina’ en vez de asumir sus facultades constitucionales para garantizar un proceso de selección que evite que el Poder Judicial del Estado siga siendo un apéndice del Ejecutivo.
AL INTERIOR del pleno del máximo tribunal no ven más que de dos sopas: que la nueva gobernadora Mara Lezama Espinosa, respetando los principios de equilibrio de los poderes, deje que los magistrados designen a su presidente con plena libertad; o que atropellando la ley imponga a uno de sus incondicionales.
SOBRE la cancha hay dos grupos: quienes cuentan con probada trayectoria dentro de la carrera judicial y los que llegaron por recomendación política. Los primeros buscan que el próximo presidente salga de entre uno de ellos para garantizar la independencia y se manejan al menos dos nombres como posibles candidatos, el actual presidente interino Adolfo del Rosal y al magistrado decano Mario Aguilar Laguardia.
MÁS arrogantes, los segundos esperan que el dedo gubernamental decida al ‘bueno’ entre los magistrados Carlos Lima Carvajal o Heyden Cebada Rivas.
BAJO este panorama, hace dos semanas el Pleno de magistrados asistió a lo que se interpretó como un ‘convivio’ con los gobernadores saliente, Carlos Joaquín González, y la entrante, Mara Lezama Espinosa, donde no hubo pronunciamiento oral alguno sobre el futuro inmediato del máximo tribunal de justicia en el estado, dejando a interpretación de invitados los posibles mensajes vía lenguaje ambiental o corporal de los mandatarios. ‘La línea es que no hay línea’.
LA DISTRIBUCIÓN de los lugares en la mesa, que por un rato trajo alucinando a magistrados, no fue un mensaje concluyente por más que se respetó la jerarquía del presidente interino de estar flanqueado todo el tiempo por los gobernadores, pero luciendo totalmente ausente en la reunión. Muy cerca de ellos estuvo el recién electo magistrado Heyden Cebada, sin trayectoria en la carrera judicial, hombre de las confianzas de la gobernadora electa en cuyo equipo participó durante la primera etapa como Síndico procurador del Ayuntamiento de Benito Juárez.
LA LÓGICA política estatal, que no siempre es exacta, es que Heyden será presidente por voluntad de la nueva gobernadora, situación que de consumarse sería un despropósito para un gobierno que se precia de ser garante del respeto irrestricto al Estado de Derecho. A Carlos Joaquín le tocó coexistir con un Poder Judicial infiltrado por los intereses de la mafia del poder encabezada por los ex gobernadores Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, quienes sembraron como presidente del máximo tribunal al magistrado en retiro Fidel Villanueva Rivero, cuyo periodo concluyó apenas hace un año.
ANTES de irse en 2016, Roberto Borge modificó la ley para sembrar en el poder judicial a su operador inmobiliario Carlos Lima Carvajal, ex director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, para que con el apoyo de Fidel Villanueva y otros magistrados que le debían favores, le cubrirían las espaldas cuando lejos del poder la justicia local lo alcanzara.
EL Tribunal Superior de Justicia ha sido el campo de batalla de los procesos penales emprendidos por el joaquinismo contra el felixismo-borgismo por diversos actos de corrupción del pasado, en los que se vieron involucrados y procesados más de una decena de ex funcionarios, entre ellos el derrotado candidato a gobernador por el PRI en 2016, Mauricio Góngora Escalante, cuyo proceso penal ha sido cabildeado directamente por su mentor el ex gobernador Félix González, quien no ha cesado en pretender influir en los criterios de magistrados de su equipo, particularmente Carlos Lima.
ANTES del próximo 5 de agosto debe elegirse al nuevo magistrado presidente del Poder Judicial con el que la gobernadora Mara Lezama deberá caminar los próximos cinco años de gobierno estatal en el combate contra la corrupción y la impunidad que tanto daño han causado a la sociedad. El método de designación debe afinarse en los próximos días bajo lo que los magistrados interpretaron del mensaje del gobernador Carlos Joaquín en el sentidode que “todo sigue igual que como en mi administración”, que le escucharon decir ante la nueva gobernadora Mara Lezama durante el pasado convivio.
