- Permitir el reinicio de las obras del Tren Maya entre Playa del Carmen y Tulum dejó en un estado de indefensión a la naturaleza.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- La asociación civil “Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano” (DMAS) impugnará ante un tribunal de alzada la revocación de la suspensión definitiva del Tramo 5 Sur del Tren Maya.
A través de un comunicado señaló que permitir el reinicio de las obras entre Playa del Carmen y Tulum dejó en un estado de indefensión a la naturaleza.
A pesar de revertirse las medidas cautelares que impedían judicialmente los trabajos en un trayecto de 67.7 kilómetros de selva, la organización aseguró que todavía tiene mucho que argumentar y defender, “y no vamos a desistir”.
La resolución del Juzgado Primero de Distrito de Yucatán alcanzó por igual a los amparos 884/2022, 923/2022 y 1003/2022, los cuales están representados legalmente por Antonella Vázquez Cavedon.
El primer juicio de garantías fue interpuesto por tres buzos cuyo representante común es José Guillermo Urbina, al que se le otorgó la suspensión provisional (12 de abril) y posteriormente la definitiva (25 de mayo).
El segundo caso fue gestionado por DMAS, a través de Antonella Vázquez, a la que se concedió igualmente la suspensión provisional (29 de abril) y después siguió la definitiva (29 de julio).
El tercer amparo lo tramitaron 11 personas quejosas que reclamaron el desmonte de la selva maya, al cual igualmente se le otorgó la suspensión provisional (25 de abril) y la definitiva (1 de agosto).
La asociación civil estableció que apelarán la resolución ante el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, “porque las obras han sido ilegales desde el inicio y lo siguen siendo”.
En el acuerdo de revocación notificada el miércoles por la tarde, al menos en el amparo 923/2022 que interpuso “Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano” se “acepta el cumplimiento de un par de condicionantes de un resolutivo de Manifestación de Impacto Ambiental extemporáneo, con condiciones que debieron cumplirse previo el inicio de la obra iniciada en marzo del presente año”.
Fue una farsa, sostuvo, en la que se omitió evaluar los impactos ambientales y está pendiente el trámite del cambio de uso de suelo forestal.
“Se deben mantener suspendidas (las obras) hasta que resuelva el fondo de un asunto donde hoy también se demanda a Semarnat el otorgamiento de ese resolutivo de Impacto Ambiental extemporáneo, ambiguo”.
El permiso ambiental, abundó, es contrario no sólo a la ley que regula el equilibrio e impacto ambiental, sino también a las normas federales y a los programas de ordenamiento ecológico.
Y al juez Primero de Distrito, Adrián Fernando Novelo Pérez, pidió no ceder a presiones del gobierno federal, “que claramente utiliza todo su poder para continuar gastando el erario en destrozar la naturaleza”.
El mismo llamado hizo a los magistrados René Rubio Escobar (presidente), Raquel Flores García y Julia Ramírez Alvarado, que son los integrantes del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, que es la instancia revisora.
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