- Para el titular del FONATUR, Javier May Rodríguez, detrás del citado juicio de amparo está el empresario Claudio X. González.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- El último de los siete amparos que goza de medidas cautelares contra la construcción del tramo 5 Sur del Tren Maya, lo encabeza una asociación civil que paradójicamente radica en la Ciudad de México.
Para el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), Javier May Rodríguez (desde su red social), detrás del citado juicio está el empresario Claudio X. González, a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado reiteradamente de impedir el avance de la Cuarta Transformación.
El amparo 1137/2022 radicado en el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán lo presentó una asociación civil con iniciales C.N. de L.E. y una persona cuyo nombre tiene las iniciales C.R.J.L., del que gozan de una suspensión provisional desde el 9 de mayo pasado.
La protección federal impide legalmente al FONATUR y a la empresa Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V. el reinicio de los trabajos en 67 kilómetros que separan a Playa del Carmen de Tulum.
Pero además tiene un abultado reclamo jurídico con el que pretende frenar 364.1 kilómetros que integran la totalidad de los tramos 5 (110 km) y 6 (254 km), de Cancún hasta Bacalar. A excepción del tramo 5 Sur que goza de la protección federal, del restante reclamo se le negaron las medidas cautelares.
Pero en el juicio se acusa a un ramillete de 14 autoridades de los tres niveles de gobierno encabezados por el Presidente de la República, al que responsabiliza de una presunta omisión de establecer zonas vedadas para la extracción y utilización de las aguas del subsuelo, reglamentar la extracción de la cuenca hidrológica y del acuífero, la extracción, explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales del subsuelo y de expedir decretos para establecer zonas que requieran un manejo específico.
En la demanda presentada el 28 de abril se le reclama al primer mandatario el incumplimiento de las obligaciones internacionales de México, en materia de conservación del medio ambiente, de tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte.
La solicitud de amparo invoca la presunta violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Pero igualmente a la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo y el Acuerdo Regional Sobre el Acceso a la Información, Participación y Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe.
De las dependencias federales, cita a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) que reprocha la declaratoria de utilidad pública de 5.3 millones de metros cuadrados de propiedad privada de los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos y Tulum en Quintana Roo.
A la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y a la empresa Fonatur Tren Maya señala por el desmonte de 17 kilómetros de selva y la omisión de implementar un procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Igualmente, a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) evitar la aplicación de la política de impacto y riesgo ambiental, y su omisión de vigilar los trabajos en los tramos 5 y 6.
De la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la falta de inspección, vigilancia, protección y preservación de los recursos naturales y forestales, la omisión de salvaguardar los intereses de la población por el incumplimiento de las disposiciones ambientales, evitar investigar e infraccionar al proyecto y la omisión de procedimientos administrativos sancionatorios.
A la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) reclama evitar fomentar actividades para conservar los ecosistemas y su biodiversidad en las áreas naturales protegidas, zonas de influencia, áreas de refugio de especies acuáticas y de especies prioritarias en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an y el Parque Nacional del Arrecife en Puerto Morelos.
En la misma demanda se enlista a la Secretaría de Cultura por evitar conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos adyacentes a las obras de los tramos 5 y 6 del Tren Maya, y no expedir la declaratoria de la zona de monumentos arqueológicos del sistema de cavernas sumergidas Sac Actun.
Del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se cita la omisión de ejercer sus facultades de sanción, incluso de tipo penal, por el daño o alteración de un monumento arqueológico.
En la lista de autoridades responsables, se incluye a Nacional Financiera y al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, por el financiamiento de las obras ejecutadas, y al FONATUR por evitar realizar estudios de mecánica de suelos.
La demanda incluye a autoridades estatales, como la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, el Instituto de Impacto y Riesgo al Ambiente y la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo, además al municipio de Tulum por la omisión de vigilar el área natural protegida “Xcacel-Xcacelito”.
Igualmente, a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología de Tulum por evitar prevenir la contaminación de cenotes y cavernas.
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