- La defensa legal de Tudor Enachescu llegó a promover al menos 20 juicios de amparo tan sólo en los Juzgados de Distrito de Quintana Roo.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- Florian Tudor, señalado como líder de la “Banda de la Riviera Maya”, deberá esperar su proceso de extradición a Rumania desde un penal de máxima seguridad.
La titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México, Isabel Porras Odriozola, resolvió que el acusado enfrenta un delito de alto impacto social como es la delincuencia organizada, sin que pueda permanecer en un centro carcelario de mediana seguridad.
La resolución judicial se dio como respuesta a una petición de la defensa legal de Tudor Enachescu, para que fuera trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la capital del país, de cuyo sitio fue enviado al Penal Federal del Altiplano en el Estado de México, del cual su defensa ha insistido en que se hizo de manera ilegal.
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Para la magistrada, que el presunto líder de una organización criminal con operaciones internacionales permanezca en un centro penitenciario de seguridad media baja, “pone en riesgo la seguridad institucional del mismo”.
Hay la presunción, añadió, de que está vinculado a una agrupación delictiva y su presencia en instalaciones distintas a la de máxima seguridad provoca una influencia negativa hacia las demás personas privadas de la libertad.
“No es apto para permanecer en esa institución de mediana seguridad, teniendo que ser albergado en una institución de alta seguridad”.
Florian Tudor fue detenido cuando acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México hace 15 meses, en cumplimiento a una solicitud de extradición del gobierno de Rumania que lo reclama por delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado.
La aprehensión ocurrió durante una diligencia ministerial que concluyó entre jaloneos y empujones cuando el rumano se resistió a su captura, aunque después de un forcejeo fue sometido por personal de la Agencia de Investigación Criminal que lo inmovilizó, cargó y se lo llevó como un bulto, el 27 de mayo de 2021.
La FGR confirmó entonces que la orden de aprehensión fue girada por un Juez de Control del Reclusorio Preventivo Norte, en cuyo cumplimiento se detuvo también a un Agente del Ministerio Público Federal y al abogado defensor que intentaron obstaculizar la detención.
A los dos días, la FGR con el apoyo de personal de la Secretaría de Marina ejecutó un cateo en la casa habitada por el rumano en la Supermanzana 2A, en la calle Granada y José García De la Torre, en una zona de fraccionamientos de Cancún
A Florian Tudor lo reclama en su país de origen la Dirección de Investigación de Delitos de Crimen Organizado y Terrorismo bajo los cargos de construir un grupo delictivo organizado, cometer delitos de homicidio calificado y la tentativa del mismo delito, según el expediente 96/D/P/2020.
Igualmente le acusa de encabezar a una banda dedicada a clonar tarjetas bancarias en la Riviera Maya y alterar alrededor de 100 cajeros automáticos en zonas turísticas de Quintana Roo, además de Puerto Vallarta y Tijuana.
La defensa legal de Tudor Enachescu llegó a promover al menos 20 juicios de amparo tan sólo en los Juzgados de Distrito de Quintana Roo, y cada que se le negó alguno siempre tuvo la capacidad económica para interponer otros dos.
Además de Florian Tudor, la Fiscalía ejecutó la detención de sus socios identificados como Cosmin Adrian Nicolae y Chakib Taif Ifram Al Boustany, a los cuales capturó en la entidad quintanarroense.
Unos meses antes de la detención de Tudor (en marzo del año pasado), la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, lo recibió en sus oficinas, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ordenó hacerlo.
Entre los amparos que se mantienen activos en territorio estatal sobresale el radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito (819/2020), el cual reclama medidas cautelares contra la orden de aprehensión y su deportación, de la cual obtuvo una suspensión provisional (20 noviembre 2020), pero se le revirtió al negarse la suspensión definitiva (14 mayo 2021).
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