- El informe acumulado del organismo asienta que logró resarcir al patrimonio estatal y municipal 1.9 mil mdp con el retorno de 30 inmuebles.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- Con un presupuesto acumulado que no rebasa los 200 millones de pesos, una plantilla laboral que tampoco duplica a las 38 personas autorizadas originalmente y sin dientes legislativos para imponer con más firmeza su autoridad legal en un lustro de vida institucional, el mayor logro de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECCQROO), encabezada por Rosaura Villanueva Arzápalo, ha sido su rentabilidad.
A pesar de la herencia de corrupción que se gestó en la anterior administración estatal del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, operada por diversos exfuncionarios, ninguno (además del extitular del Ejecutivo) permanece tras las rejas.
En el informe acumulado del organismo se asienta que logró resarcir al patrimonio estatal y municipal 1.9 mil millones de pesos con el retorno de 30 inmuebles que tienen una extensión conjunta de poco más de 6 millones de metros cuadrados y con un valor reportado de mil 787.88 millones de pesos, además de 187.28 millones en efectivo, y poco más de 300 mil pesos por la renta de inmuebles recuperados en los últimos cinco años.
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“Con relación al total recuperado, la FECCQROO ha demostrado que su trabajo tiene una rentabilidad respecto al recurso público destinado al combate a la corrupción de 16.61 veces más por cada peso invertido”.
A la Fiscalía Anticorrupción se le asignaron 29 millones de pesos para ejercer en 2018, 44.5 millones en 2019, 42.7 millones —pero de los que únicamente se le ministraron 32.5— en 2020, y 46.7 millones el año pasado; es decir, un acumulado de 199 millones 432 mil 252.5 pesos.
El mayor pendiente que dejará al final del presente sexenio será que personajes vinculados a la trama de corrupción del anterior gobierno siguen fuera de prisión y sin purgar condena, algunos a salto de mata y otros cobijados por procedimientos legales sin concluir, o amparos que los protegen.
En esa situación están la madre del exmandatario, Maria Rosa Yolanda Angulo Castilla; la exdirectora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (Ipae), Claudia Romanillos; el extitular de la Secretaría del Trabajo, Patricio de la Peña; o el exsecretario de Finanzas, Juan Pablo Guillermo Molina, entre una larga lista sobre quienes pesan acusaciones por beneficiarse u orquestar los desfalcos.
Otros, en cambio, como el expresidente Municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, goza de cabal salud en prisión domiciliaria hasta que se le dicte sentencia en un proceso que enfrenta por desempeño irregular de la función pública.
En el gobierno del actual mandatario estatal Carlos Joaquín González se anunció que se libraría una lucha sin cuartel contra la corrupción, especialmente la que maquinó su antecesor.
La Fiscalía Anticorrupción suma hasta diciembre pasado mil 696 carpetas de investigación con 3 mil 276 imputados que incurrieron en algún delito enlistado en un catálogo de 41 cargos denunciados contra servidores públicos del estado y particulares vinculados.
De esa abultada cantidad únicamente se han podido cumplimentar 25 de 59 mandamientos judiciales, incluidos las presentaciones ante un juez, y se ha logrado cerrar en definitiva tres casos con sentencias definitivas.
De acuerdo al Cuarto Informe de Actividades con corte a diciembre de 2021, desde la creación del organismo en 2017 se han integrado mil 696 carpetas de investigación (341 de 2017 a 2018, 450 en 2019, 480 en 2020 y 425 en 2021), con 3 mil 276 imputados, (783, 1004, 771 y 718, respectivamente).
La Dirección General de Investigación, Acusación y Procesos reportó que ejerció acción penal contra 308 imputados relacionados a 178 carpetas judicializadas; de las cuales, se ejerció acción penal contra 143 vinculados a proceso (24 de 2017 a 2018, 23 en 2019, 53 en 2020 y 43 en 2021).
De la cifra acumulada “se reporta que el 21.67% de los imputados vinculados a proceso se les dictó prisión preventiva, sea esta de carácter oficiosa o justificada. Este dato no significa que sea el total de imputados que permanecen en prisión actualmente”.
Una de las acciones más importantes de la Fiscalía Anticorrupción fue la recuperación del patrimonio estatal, que desde su creación consiste en 375 folios electrónicos asegurados, 58 bienes inmuebles embargados, 84 bienes muebles asegurados y 21 cuentas de banco intervenidas, estas últimas logradas el año pasado.
De la batalla que se libra desde 2017, hay también 324 amparos interpuestos por los presuntos responsables de hechos de corrupción, los cuales se mantienen activos y 83 están pendientes de resolverse, de los cuales 1 corresponde a 2017-2018, 11 de 2019, 16 de 2000 y 55 de 2021.
En el mismo informe se establece un acumulado de alertas ante la Interpol, 30 migratorias y 25 fichas rojas vigentes, gestionadas por la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo.
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