- Siguen brotando detalles del entramado de corrupción fraguado desde la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra).
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- A casi siete años de que se denunció penalmente uno de los desfalcos orquestados en la gestión del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, siguen brotando detalles del entramado de corrupción fraguado desde la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra).
En la carpeta administrativa 144/2018 en la que están vinculados a proceso penal los exsecretarios Alejandro Marrufo (Sefiplan) y Fernando Escamilla (Sintra), y el exsubsecretario Andrés Canul (Técnico y de Proyectos), entre otros personajes, se asienta el ilegal mecanismo utilizado para desviar 429.2 millones de pesos en 2013.
La estrategia utilizada fue suscribir 55 contratos por la renta de maquinaria para supuestamente rehabilitar caminos en 4 municipios de la zona sur de Quintana Roo con nueve empresas fantasma, y con un trabajador de la construcción con identidad suplantada.
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De acuerdo a los juicios de garantías con los cuales los acusados pretenden obtener medidas cautelares para evitar ser alcanzados por el brazo de la ley, se comprobó que para las obras inexistentes se utilizó una partida económica destinada al gasto corriente de obra pública, de cuyos recursos Sintra carecía de facultades para ejecutar.
El camino de corrupción se planeó después de que a Sintra se le asignaron 111.46 millones de pesos anuales y que mediante 31 oficios elaborados en cinco meses obtuvo una ampliación de los 429.2 millones de pesos; es decir, recursos adicionales en 385 por ciento del gasto corriente anual autorizado.
En el proceso se incumplió con la etapa de planeación presupuestal necesaria, programación para garantizar la disponibilidad presupuestal y un expediente técnico con el costo necesario que se debió considerar en el Presupuesto de Egresos.
A pesar de la violación flagrante de los artículos 13, fracción III; 14, fracciones V, VI, y el penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas de Quintana Roo se suscribieron indebidamente los contratos por adjudicación directa con los diversos proveedores.
La insolvencia legal del método de asignación se trató de cubrir con sesiones simuladas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Infraestructura y Transporte.
En los acuerdos pactados se omitió precisar la ubicación de los lugares donde sería utilizada la supuesta maquinaria para habilitar caminos, sin que tampoco fueran elaborados expedientes ni soportes documentales de las bitácoras que justificaran los trabajos, como tampoco los expedientes unitarios de las contrataciones.
El método utilizado siguió sumando irregularidades como contravenir el artículo 134 de la Constitución General y el 167 del máximo ordenamiento estatal, con lo cual se configuró un desvío ya que la partida viciada de irregularidades no debió ser ejercida por Sintra.
A las empresas beneficiadas se les asignaron unitariamente 76.3 millones de pesos, 15.5 millones, 45.82 millones, 37.29 millones, 12 millones, 14.1 millones, 72.79 millones, 70.78 millones y 69.07 millones, mientras que al particular 15.5 millones pagados con la partida presupuestal 6000 destinada al gasto corriente de Obra Pública.
De los contratos, nueve fueron para la supuesta rehabilitación de caminos en zonas de los municipios de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Bacalar.
Otros dos para zonas en Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto, seis para José María Morelos, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco, cinco en Othón P. Blanco y José María Morelos, dos más en Othón P. Blanco y otro en el mismo municipio.
Hubo 9 en Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto y Bacalar, y una cantidad semejante por separado en Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Bacalar, y un último paquete de nueve en Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Bacalar.
En 2016 se confirmó la inexistencia de la supuesta rehabilitación de caminos por los síndicos municipales de Othón P. Blanco y de Felipe Carrillo Puerto, y en 2017, de Bacalar. La respuesta en José María Morelos también lo confirmó en el mismo sentido.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo al tratar de comprobar la existencia de los proveedores —con el apoyo de la Fiscalía General de Yucatán— concluyó que no pudieron ser localizados, incluso ante el fisco se reportaron con operaciones inexistentes.
El único ubicado fue el trabajador de la construcción del que se utilizó su nombre y domicilio.
Otra línea de investigación consistió en investigar seis declaratorias de emergencia por actividad pluvial en Quintana Roo publicadas en el Diario Oficial de la Federación para Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres y Solidaridad en 2013, pero únicamente atendían a la zona norte del estado, sin que se tuviera la necesidad urgente para rehabilitar caminos dañados en la zona sur.
La denuncia sobre estos hechos fue interpuesta por la titular del Órgano de Control y Evaluación Interna de Sintra, el 15 de diciembre de 2016.
