- Evaluación pone a la entidad entre las peores a nivel nacional. En ausencia de corrupción los resultados se han estancado desde 2018.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- Casi en el sótano del país, la entidad quintanarroense permanece entre los últimos lugares del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022.
De acuerdo al ranking presentado por el director del Proyecto de Justicia Mundial (WJP, por sus siglas en inglés), Alejandro González, los únicos que tienen peor evaluación son Guerrero y Morelos, mientras que en contraste los mejores son Querétaro y Yucatán.
El análisis concentra información recolectada hasta el año pasado, que puso en evidencia las fortalezas y debilidades de la entidad en ocho factores evaluados: Límites al poder gubernamental, Ausencia de corrupción, Gobierno abierto, Derechos fundamentales, Orden y seguridad, Cumplimiento regulatorio, Justicia civil y Justicia penal.
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La peor calificación obtenida tuvo que ver con los Límites al poder gubernamental al ocupar el último sitio del ámbito nacional, mientras que la mejor correspondió el gobierno abierto en octava posición.
Entre los 48 subfactores analizados se asienta que la Ausencia de corrupción, Derechos fundamentales, y Orden y seguridad ocupan el lugar 29, el Cumplimiento regulatorio el 28, la Justicia penal 26, y la Justicia civil el 25.
El Proyecto de Justicia Mundial es elaborado por una organización internacional de la sociedad civil cuya misión es “trabajar para extender el imperio de la ley en el mundo”, para lo cual aplica programas de investigación y becas, compromisos e índices del imperio de la ley, de acuerdo a su información en línea.
En la cuarta edición se reconoce que, en materia de ausencia de corrupción en el estado, los resultados se han mantenido estancados desde 2018, cuando se tuvo el mismo puntaje y posición.
Las mayores debilidades se detectaron en los límites del poder gubernamental y en el Poder Legislativo (lugar 32), elecciones libres, limpias y transparentes, y efectividad del Poder Judicial como contrapeso (30) e instituciones de seguridad y procuración de justicia, efectividad de los organismos de fiscalización y control y el Congreso local como contrapeso (29).
De ahí siguió la efectividad de los contrapesos no gubernamentales (28), sanciones a personas funcionarias públicas cuando se abusa de sus funciones (27), ausencia de corrupción en el Poder Judicial (25) y ausencia de corrupción en el Ejecutivo (22).
En materia de Justicia y Seguridad, la garantía de los derechos de las víctimas (28), la eficacia de las investigaciones penales procuración e impartición de justicia eficiente y eficaz, la imparcialidad e independencia y la ausencia de corrupción en el sistema de justicia penal (27), justicia penal y el debido proceso (26), y seguridad y respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario (16).
En Justicia Civil, cuando las personas conocen sus derechos y confían en las instituciones del sistema de justicia civil (29), la calidad del sistema de justicia civil (28), y la accesibilidad, imparcialidad y celeridad en sus mecanismos alternativos de solución de controversias (27).
Igualmente, acceso a la información y asesoría legal asequible (27), imparcialidad, independencia y ausencia de corrupción en el sistema de justicia civil (24), sin altos costos ni procesos burocráticos (18), celeridad del sistema de justicia civil (17), cuando las personas pueden resolver sus problemas legales fácilmente, y las ejecuciones efectivas de las resoluciones de los tribunales civiles y administrativos (10).
En Orden y Seguridad, la sensación de seguridad entre las personas (28), la ausencia del crimen (24) y la ausencia de homicidios (23).
En Cumplimiento Regulatorio, la garantía y eficiencia del debido proceso en procedimientos administrativos (27), cumplimiento efectivo de la normativa y las regulaciones gubernamentales (25), ausencia de corrupción en la aplicación de regulaciones (17) y evaluación de regulaciones en los ámbitos laboral, ambiental, comercial y en salud pública (15).
En Derechos fundamentales, la ausencia de discriminación (30), libertad de expresión (28), respeto al debido proceso y a los derechos laborales (26), libertad religiosa (25), libertad de asociación (24), y el derecho a la privacidad (20).
En gobierno abierto destaca como uno de los sub factores mejor evaluados, la garantía al derecho a la información (7).
