Por KUKULKÁN
POR un ‘grave error’ cometido durante la XV Legislatura local todos los asuntos que haya resuelto el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, desde el 1 de enero de 2018 en que entró en funciones hasta la fecha, están viciados de origen y carecen de validez jurídica, de acuerdo con el sentido de una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tildó de inconstitucional la Declaratoria 006 emitida por la Diputación Permanente, publicada en el Periódico Oficial el 16 de enero de 2018, a través de la cual se dio a conocer el inicio de labores del organismo jurisdiccional ahora bajo sospecha de ilegal.
EL ORIGEN de este conflicto para la justicia estatal surgió a partir del amparo presentado por un particular en contra de la resolución dictada el seis de junio de 2018 por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, en el recurso de reclamación 8/2018. El Tribunal de Justicia del Estado se declaró incompetente para conocer este asunto que saltó a los tribunales federales donde en primera instancia le fue otorgada al particular la protección de la justicia, misma que fue reclamada por el TSJ y atraída por la Suprema Corte por tratarse un tema de relevancia jurídica.
EL ASUNTO fue resuelto por la Segunda Sala del máximo tribunal de justicia, a partir del proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar Morales que concluyó que el fin de las instancias de justicias es constituirse como mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entre ellos entablan, bajo la condición de que esos requisitos no resulten desproporcionales.
Y AÑADIÓ que el papel del Congreso es crear instituciones creíbles y confiables y no puede justificarse como cosa menor cumplir con las formalidades de la Constitución del estado. ‘Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que la Constitución Política del Estado de Quintana Roo únicamente facultó a la Legislatura y no a la Diputación Permanente, para emitir la declaratoria de inicio de funciones del Tribunal de Justicia Administrativa de esa entidad federativa’.
CON ESTA resolución de la Suprema Corte se pueden echar abajo todos los asuntos que hayan resuelto los cinco magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, si así lo reclamarán los afectados durante los últimos cuatro años y lo que resuelvan en el futuro. Los integrantes de este órgano que cuenta con cuatro salas son: Jesús Antonio Villalobos Carrillo (presidente), Antonio Sánchez Urrutia, Alfredo Cuéllar Labarthe, Isabel Cecilia González Glennie y Mónica de los Ángeles Valencia. Durante 2002 les fue asignado un presupuesto cercano a los 70 millones de pesos, a pesar de tener baja productividad en la resolución de asuntos por ser una materia legal poco recurrida en relación con otras.
AQUÍ se dirimen conflictos de autoridades con funcionarios públicos por incurrir en responsabilidades administrativas o acusados de corrupción y con particulares en casos espinosos como la nulidad de la concesión de los servicios de distribución de agua potable en cuatro municipios a la empresa Aguakan, por citar algunos ejemplos. Bajo estas circunstancias el TJA está en un limbo jurídico que debe remediar el presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Heyden Cebada Rivas, a quien le ‘cae como anillo al dedo’ la posibilidad de cortarle los recursos públicos al organismo ilegal ahora que como titular del Poder Judicial está solicitando un presupuesto de 740 millones para 2023 (40 mdp más que en 2022).
