Por KUKULKÁN
CON las manos en la masa agarraron a la secretaria de acuerdos de la Novena Sala del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, que preside el magistrado Carlos Lima Carvajal, cuando pretendió torcer la ley para modificar una sentencia de primera instancia a cambio de la suma de un millón y medio de pesos, pero fue inmediatamente detenida al momento consumarse el cohecho, posteriormente procesada y encarcelada.
LO QUE no midió la ahora acusada fue que la víctima de este delito resultó ser conocido del presidente magistrado del Tribunal, Heyden Cebada Rivas, a quien se le cayó la quijada cuando escuchó de viva voz del afectado que ya le había enviado la mitad de la suma solicitada y que sólo esperaba indicaciones para entregar el resto a través del enlace del magistrado Lima, a lo que extrañado el titular del Poder Judicial le respondió que no tenía conocimiento sobre tales hechos y, en un acto de deslinde, le pidió seguirle el juego para desenmascararla.
ACTO seguido, la víctima citó a la secretaria de acuerdos para entregarle el dinero faltante y justo en el momento cuando se consumó la operación, fue detenida. La situación hizo estallar al magistrado Heyden quien dijo a sus subalternos que no iba a tolerar este tipo de anomalías durante su administración y les advirtió que el castigo contra la detenida era sólo un ejemplo de lo que le podría pasar a todos aquellos funcionarios judiciales que se atrevieran a vender la justicia al mejor postor.
LOABLE resulta la actitud del presidente magistrado en los inicios de un gobierno que postula la transformación de la vieja y corrompida estructura del poder. Lo extraño es que el castigo no haya alcanzado al magistrado Lima, operador del saqueo inmobiliario en tiempos del gobernador Roberto Borge Angulo y quien para ser protegido de sus fechorías de entonces fue integrado al TSJ a pesar de no contar con una carrera judicial como lo dictan los cánones jurídicos. Simplemente no es creíble que Lima desconociera lo que estaba haciendo su secretaria de acuerdos, sobre todo cuando hay juzgadores que lo acusan de presionarlos para modificar sentencias en las que él tiene interés particular. Como siempre sucede, el hilo se rompe por lo más delgado.
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EL DESACUERDO entre la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta de la Peña, y representantes de la industria turística en Quintana Roo por el aumento de 40 por ciento al Derecho de Saneamiento Ambiental va más allá de un pleito de pesos y centavos. Empresarios, hoteleros, agencias de viajes, líneas aéreas y prestadores del servicio están molestos porque cada vez que los gobiernos estatal y municipales están en aprietos económicos corren a cargarle la mano al sector que le da de comer al estado.
Y TIENEN razón porque no ha sido la industria turística la responsable de las crisis económicas del estado sino las malas administraciones gubernamentales que se han dedicado a saquear las arcas públicas, como recientemente quedó en evidencia con el gobierno de Carlos Joaquín González al dejar una deuda oculta a proveedores por casi siete mil millones de pesos, así como una estela de corrupción que comienza a destaparse en varias dependencias públicas. En vez de aplicarle justicia, lo premiaron con la candidatura como embajador de México en Canadá.
A ELLO se suma la desconfianza que existe de aplicar adecuada y transparentemente todos esos recursos recaudados vía la industria turística. Actualmente los hoteleros retienen el 30 por ciento de una Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir 28.8 pesos por cuartos/noche ocupados, y con el aumento aprobado por el Congreso del Estado se eleva el porcentaje al 70 por ciento, lo que para 2023 significa que los turistas deberán pagar 67.42 pesos, tarifa que en 2024 aumentará a 100 pesos.
SEGÚN Ana Paty el incremento fue un acuerdo previo con los hoteleros y por lo mismo le causa extrañeza que ahora no quieran cumplir su palabra. El compromiso del gobierno municipal es que el 50 por ciento de los recursos recaudados serán destinados a infraestructura, mientras que el 30 por ciento se irá a mantenimiento de playas y el restante 20 por ciento a seguridad pública. El verdadero problema es que ya nadie les cree.
