- El Gobierno de Nuevo León y el Congreso local llevarán su enfrentamiento al terreno de las controversias constitucionales.
DANIEL REYES / AGENCIA REFORMA
MONTERREY, NL.- El Gobierno del Estado y el Congreso local llevarán su enfrentamiento al terreno de las controversias constitucionales.
Javier Navarro, Secretario General de Gobierno, anunció ayer que la Administración estatal presentará una controversia contra la reforma que aumenta las participaciones a repartir entre los municipios.
Mientras que los Diputados informaron que revisarán si procede promover una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad porque el Gobernador Samuel García no ha presentado el Presupuesto de Egresos 2023 como ordena la Constitución estatal.
Navarro afirmó que es improcedente e ilegal obligar al Estado a aumentar de 20 a 30 por ciento la porción a repartir a los municipios, sin un estudio de impacto financiero previo.
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“Es una locura”, expuso, “se va a controvertir, se publicará de acuerdo a los días hábiles que establece la ley, pero no es lógico, no es factible financieramente”.
Este decreto del Congreso ya había sido vetado por el Gobernador, pero los Diputados lo ratificaron y ahora debe ser publicado.
Según Navarro, el equipo legal del Estado ya analiza el acuerdo, aunque no lo recibieron oficialmente por el cierre de oficinas estatales como una supuesta medida de prevención al aumento de contagios de Covid y otras enfermedades.
El Secretario admitió que están obligados a publicarlo en el Periódico Oficial, pero en un plazo de 10 días hábiles después de recibirlo.
En el Congreso, por mayoría se acordó instruir a la Dirección Jurídica a que revise si procede una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad por el tema del presupuesto no presentado.
También se establece que se proceda contra el Tesorero estatal, Carlos Garza, y funcionarios de su área.
“Se autoriza a la Dirección Jurídica de este Poder Legislativo para que presente el análisis y, en su caso, elabore el proyecto o los proyectos de demanda de controversia constitucional o de inconstitucionalidad”.
La emecista Iraís Reyes dijo que el punto de acuerdo era poco claro al no definir cuál de las dos acciones se iba a emprender.
Pero el acuerdo se aprobó por 24 votos a favor y 9 en contra.
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