- México debe acelerar las modificaciones legales en materia fiscal si desea beneficiarse del impuesto único global a empresas trasnacionales.
MARIO LÓPEZ / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- México debe acelerar las modificaciones legales en materia fiscal si desea beneficiarse del impuesto único global a empresas trasnacionales que entrará en vigor en 2024.
“Los países no están obligados a legislar en materia fiscal. Si México, y otros países, se quieren tardar cinco años en implementar los cambios lo puede hacer, no hay nada contra eso.
“El problema es que, si se tarda cinco años, dejará de recaudar en ese tiempo lo que le correspondería en caso de que un grupo multinacional opere en algún país con baja recaudación”, expresó Juan Carlos Pérez Peña, asesor de Planeaciones Fiscales Agresivas de la OCDE.
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Por ejemplo, expuso, en diciembre pasado la Unión Europea emitió una directiva que obliga a sus integrantes a implementar las reglas modelo de la OCDE a través de modificaciones legislativas o parlamentarias.
“Esto implica que en caso de que México no implemente la legislación para cobrar el impuesto global no podrá cobrar la tasa efectiva de 15 por ciento que se estableció si una empresa mexicana opera en algún país europeo con baja tributación.
“Pero la empresa tendrá que pagar de todas maneras ese impuesto global y lo hará no en México, sino en algún país europeo”, explicó.
Pérez Peña confió en que el hecho de que la Unión Europea haya obligado a sus países integrantes a legislar tendrá un efecto dominó en otros países.
“Hay países que han publicado una propuesta o iniciativa de legislación que se prevé aprueben próximamente, como es el caso del Reino Unido, que ya publicó su legislación modelo y ahora tiene que pasar por su Parlamento. Tenemos también el caso de Corea y Japón, entre otras naciones”, añadió Pérez Peña.
En teoría, los países tienen hasta el 30 de diciembre de 2023 para hacer las modificaciones fiscales con base en la legislación modelo que emitió la OCDE.
No obstante, las reglas que emitan serán revisadas por el organismo, el cual determinará si califican o no para aplicarse y evitar complicaciones.
“Si la legislación de un país no es acorde con las normas calificadas en el proceso de revisión se corre el riesgo de que no sea considerada como una norma válida para los demás integrantes y puede tener efectos negativos y se pueden generar situaciones de doble tributación”, agregó.
Añadió que el organismo trabaja en un sistema de solución de controversias y que ayudará a los países a implementar, monitorear y revisar las legislaciones que hayan sido aprobadas para aplicar el impuesto global.
También trabaja en simplificar el sistema y reducir la carga administrativa que genera dicho impuesto.
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